Desmanes y agresiones de un grupo de jóvenes en calles del Centro Histórico

Castigo a genocidas y que su delito no prescriba, demanda de la marcha

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, una burla, afirma Rosario Ibarra de Piedra Pide cárcel para el ex presidente Luis Echeverría

CLAUDIA HERRERA Y GUSTAVO CASTILLO

Castigo a los culpables de la matanza de Tlatelolco y de la guerra sucia, alto a la represión en contra de las escuelas normales rurales y manifestaciones de repudio a las reformas neoliberales, fueron las consignas que unieron a miles en la conmemoración del 2 de octubre.

Treinta y cinco años después de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, los protagonistas de aquellas movilizaciones y las nuevas generaciones de estudiantes corearon juntos sus demandas de justicia que, sin embargo, se vieron opacadas por los desmanes que realizó un grupo de jóvenes.

''Castigo a los genocidas del 68, del 71 y de la guerra sucia'', decía la manta que sostenía el contingente de sesentaiocheros que hizo el recorrido de Tlatelolco a la Plaza de la Constitución.

Esta vez, los integrantes del Comité 68 hicieron un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde exigieron a los ministros que resuelvan que no han prescrito los delitos cometidos durante la guerra sucia, particularmente los que se imputan a Miguel Nazar Haro y a Luis de la Barreda Moreno, ex titulares de la Dirección Federal de Seguridad.

Desde las tres de la tarde, los manifestantes comenzaron a reunirse en la Plaza de las Tres Culturas. En la estela que evoca la tragedia, se colocó una ofrenda y se encendieron veladoras en memoria de los estudiantes asesinados.

Mientras, a las puertas de la iglesia de Santiago Tlatelolco, Rosario Ibarra de Piedra, presidenta del Comité Eureka, continuó con su campaña para el envío de 100 mil cartas al presidente Vicente Fox Quesada en demanda de la liberación de un centenar de desaparecidos y presos políticos.

''šVivos los llevaron, vivos los queremos!'', gritaban las doñas del Comité Eureka. En ese lugar, Ibarra, quien no participó en la marcha, señaló que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) es una "burla'', porque no ha fincado responsabilidad en contra de los culpables de la época represiva de los años setenta y ochenta.

''La fiscalía especial está cumpliendo su función de engañar, para que crean que está haciendo justicia. No ha encarcelado a Luis Echeverría Alvarez ni a ninguno de los genocidas. Es una burla'', afirmaba Ibarra de Piedra, quien sostenía postales con las fotografías y los nombres de los desaparecidos durante la llamada guerra sucia.

Poco después de las cuatro de la tarde, los ex dirigentes del Consejo Nacional de Huelga del 68 y sus compañeros de lucha iniciaron la caminata en medio de contingentes de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma Chapingo, de organizaciones sindicales y sociales.

En las inmediaciones de Tlatelolco, el poeta Leopoldo Ayala se quejó de que este gobierno no ha cumplido su promesa de castigar a los responsables de los asesinatos. ''El 2003 y el 68 es lo mismo, no hay señal de democracia y de justicia'', advirtió Ayala.

De fondo se escuchaban las consignas de sus compañeros: ''No más impunidad, no más impunidad''.

Este año, los organizadores cedieron la vanguardia a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), que agrupa a miles de normalistas rurales que luchan por la permanencia de sus 17 escuelas, que están en riesgo de desaparecer.

A ese respecto, Raúl Alvarez Garín, uno de los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga (CNH) indicó que la lucha de los normalistas ''debe ser escuchada por el gobierno federal y por todo el pueblo de México, ya que están en una situación que a largo plazo afectará la educación en nuestro país, y las demandas de los normalistas rurales son justas''.

Alvarez Garín, uno de los principales promotores de la denuncia que obligó -por mandamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- a la Procuraduría General de la República (PGR) a no cerrar el caso del 2 de octubre de 1968, aseguró durante la marcha que ''las puertas de la justicia deben abrirse plenamente en México, y para ello es necesario que el máximo tribunal del país establezca jurisprudencia en torno a la prescriptibilidad de delitos como la matanza de aquel año, porque los tiempos en que un delito deje de ser sancionado deben transcurrir hasta que se tenga la posibilidad de justicia real''.

Respaldo a normalistas rurales

El apoyo a los normalistas rurales llevó a los manifestantes a las puertas de Gobernación, donde los jóvenes exigieron una entrevista con Santiago Creel Miranda, la liberación de estudiantes chiapanecos, la reapertura de la normal de Mactumactzá, en Chiapas, y respeto a sus organización estudiantil.

''La esencia de las normales desde su creación fue y sigue siendo formar a jóvenes de origen campesino'', insistía Mardonio, alumno de Mactumactzá, quien ayudaba a sostener un monigote de cartón con el nombre de Pablo Salazar Mendiguchía, gobernador de la entidad.

Otro tema en el que insistieron los manifestantes fue el repudio a las reformas estructurales para legalizar ''lo que ya está ocurriendo desde hace tiempo'', la apertura de la industria petrolera y eléctrica a los capitales extranjeros, señaló uno de los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).