El empeño del gobierno boliviano, que preside el empresario Gonzalo Sánchez de Lozada, de exportar el gas natural del subsuelo boliviano -el cual, para mayor agravio, saldría por un gasoducto conectado al puerto chileno de Patillos, que fue cercenado a Bolivia en la guerra de 1879- ha servido de catalizador para la conformación de un frente obrero y campesino dispuesto a derribar a las autoridades actuales. Los preponderantemente indígenas y campesinos Movimiento al Socialismo (MAS) y Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), que originalmente capitalizaron los descontentos por el saqueo de los recursos naturales, lograron esta semana el respaldo de la Confederación Obrera Boliviana (COB), la cual llamó a una huelga general indefinida a partir del lunes próximo para exigir la renuncia de Sánchez de Lozada. De esta forma, los trabajadores urbanos piensan apoyar los bloqueos a carreteras que desde hace dos semanas realizan los pueblos del altiplano andino y que han derivado en enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares, con resultado de siete muertos.

Debe entenderse que el entreguismo de Sánchez de Lozada en materia de recursos del subsuelo no es sino la gota que ha derramado el vaso de un vasto y profundo descontento social originado en la miseria, la marginación y un estancamiento de dos décadas en los índices de ingreso, empleo y productividad. Según la Unidad de Análisis y Políticas Económicas del mismo gobierno, seis de cada 10 bolivianos subsisten en la pobreza y en la extrema pobreza, con un ingreso diario de menos de dos dólares en promedio, en tanto que en el ámbito rural nueve de cada 10 bolivianos son pobres o miserables.

Semejante catástrofe económica y social ha sido incubada por una clase política que, en el marco de la "democracia pactada" hace 20 años ha ido deslizándose a simas de ineficiencia, corrupción, patrimonialismo en el ejercicio del poder e insensibilidad ante las crecientes inequidades y rezagos. Esa clase política, de la que el propio Sánchez de Lozada es casi paradigmático, ha convertido las estrategias neoliberales dictadas por Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) -apertura comercial indiscriminada, desregulación generalizada, contenciones salariales y liberación de precios, disciplina fiscal a ultranza, privatizaciones sospechosas de servicios públicos y de bienes y recursos nacionales- en una suerte de piloto automático de la economía boliviana.

Un trágico ejemplo de la ineficacia y la insensibilidad referidas lo dieron los gobernantes bolivianos en febrero pasado, cuando acataron una directiva del FMI para gravar los salarios con el propósito de reducir el déficit fiscal. La medida dio lugar a dos días de protestas, disturbios, saqueos y choques armados entre soldados y policías amotinados, con resultado de 32 muertos.

Los gobiernos de América Latina, y el de México en particular, tendrían que verse en el espejo boliviano y dejar de lado empecinamientos privatizadores y afectaciones de los recursos naturales que lesionan la soberanía nacional y ponen en riesgo el futuro del país.