Avergüenza a fuentes judiciales la actuación del juzgado 15

El magistrado podría ser destituido

JESUS ARANDA Y VICTOR BALLINAS; ALFREDO VALADEZ REPORTEROS Y CORRESPONSAL

El juez decimoquinto de distrito en materia penal, Ranulfo Castillo Mendoza, ''se encuentra en graves problemas'', porque es motivo de responsabilidad resolver en contra de constancias que estén en el expediente.

Fuentes judiciales de primer nivel señalaron lo anterior y agregaron que, en caso de que el ciudadano mexicano de origen vasco, Lorenzo Llona Olalde, interponga ante el Consejo de la Judicatura Federal una queja en contra de Castillo Mendoza por haber opinado a favor de su extradición a España, el juzgador podría ser sancionado inclusive con la destitución.

''šEs una vergüenza!'', indicó molesto uno de los entrevistados, quien agregó que en los últimos años no se tiene conocimiento de una violación tan flagrante de la ley, al no tomar en cuenta documentales públicas emitidas por el gobierno federal -en este caso el Instituto Nacional de Migración- a la hora de emitir una sentencia o una opinión sobre una posible extradición.

Sin embargo, los funcionarios destacaron que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se requiere que el propio Llona Olalde o sus abogados defensores presenten la queja correspondiente en contra del juzgador para que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) actúe en consecuencia y, de proceder, lo sancione conforme a la ley.

Por otra parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, Eladio Navarro Bañuelos, señaló que el gobierno mexicano está obligado a reparar el daño moral y económico a Llona Olalde por haberlo mantenido en prisión durante casi cinco meses en forma ilegal, atentando contra sus garantías individuales.

El ombudsman zacatecano dijo que la rectificación del gobierno federal respecto de la no extradición de Llona a España no exime de responsabilidad al Estado frente al atropello al ahora ciudadano mexicano, y explicó que aun cuando esa figura legal no está reglamentada, el afectado está en condiciones de acudir a instancias nacionales e internacionales para hacer valer este derecho.

Navarro Bañuelos planteó que el caso de Llona Olalde es un nuevo ejemplo de cómo pueden activarse mecanismos sociales para evitar el atropello ilegal de las autoridades en casos similares, pues ''yo creo que en este asunto estamos aprendiendo a interpretar y a intervenir con elementos adicionales, como sería la presión de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como de los medios de comunicación. Entonces, jurídicamente (Llona) está en posibilidades de pedir una explicación y una reparación del daño moral realizado y del daño pecuniario''.

Navarro concluyó que el caso sienta un importante precedente en términos de derecho internacional y garantías individuales, respecto a cómo la firma de convenios y tratados entre los estados no debe violentar los derechos civiles y humanos de los ciudadanos.

A su vez, Jorge Fernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, se sumó a la idea de que el Consejo de la Judicatura revise la actuación del juez Castillo Mendoza, pues con todas las pruebas aportadas por la defensa de Llona era incuestionable que éste era inocente. ''No se debe permitir que los jueces actúen por consigna, hay que defender su independencia y garantizarla'', subrayó.

En tanto, Fabián Sánchez Matus, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), dijo que es conveniente adecuar el tratado de extradición a la Constitución y a los convenios internacionales en materia de derechos humanos, para que se respeten todos los pasos y procesos a que deben ser sujetos los afectados en un juicio de extradición.