México D.F. Martes 9 de septiembre de 2003
EL TRAFICO DE DATOS PRIVADOS
El
decomiso de datos del padrón electoral realizado ayer a dos despachos
de cobranzas de León, Guanajuato, por la Procuraduría General
de la República (PGR), pone de manifiesto una vez más la
alarmante inseguridad en que se encuentran algunos registros públicos.
Cabe recordar que en abril pasado la opinión pública
se enteró, con consternación e inquietud, de que la empresa
estadunidense Choice Point había vendido a dependencias policiales
de su país una versión completa de la base de datos del registro
electoral de México. Esa misma firma traficó también,
hasta donde se sabe, con el padrón de licencias vehiculares de la
ciudad de México.
Las investigaciones correspondientes se diluyeron cuando
las autoridades responsables de llevarlas hasta las últimas consecuencias
dejaron de informar sobre ellas y el interés público en el
asunto fue desplazado por temas de mayor actualidad, como las elecciones
de julio pasado.
En las dependencias públicas persiste el problema
de fugas de información que debe ser considerada confidencial,
y los mecanismos de control correspondientes resultan demasiado porosos.
Con excepción del secreto bancario -que ha servido para tapar innumerables
enjuagues y delitos como los presumibles fraudes cometidos al amparo del
rescate bancario zedillista- los principios, las normas y los sistemas
para preservar la privacidad de la ciudadanía han resultado fallidos.
Lo anterior plantea, adicionalmente, una grave injusticia:
sólo los que tienen dinero en los bancos pueden disfrutar de una
efectiva protección de la privacidad; el resto de los ciudadanos
queda librado a la divulgación de su dirección, edad y teléfono,
así como al aprovechamiento inescrupuloso e ilegítimo de
esos datos por grupos de mercadotecnia intrusiva, bufetes dedicados a la
extorsión de deudores -como podría ser el caso de las empresas
cateadas ayer en León- y hasta por organismos policiales de gobiernos
extranjeros.
En lo inmediato, cabe exigir que se lleven a término
las investigaciones sobre el tráfico de datos del padrón
electoral, que se identifique a los presuntos responsables y que se les
consigne a los tribunales correspondientes para que sean juzgados conforme
a derecho. Además es preciso promulgar leyes y reglamentos que estipulen
de manera inequívoca la obligación de las instituciones públicas
de preservar la confidencialidad de datos de particulares (archivados en
diversos registros y listados), tipificar como delitos específicos
las operaciones de compraventa de las bases de datos respectivas y garantizar
a la población en general que el Estado es un depositario confiable
de la información privada. Por ahora resulta evidente que no lo
es.
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