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México D.F. Martes 9 de septiembre de 2003

Javier Oliva Posadas

Acuerdos, pactos, negociación

Independientemente de los temas en cuestión (Pemex, campaña de Labastida, sindicato petrolero, desafueros, aprehensiones, Cámara de Diputados), una vez más queda en evidencia la inmadurez de los actores políticos para alcanzar lo que de manera enfebrecida dicen y repiten, pero que es muy claro que no entienden: negociar y acordar políticamente. En efecto, el Presidente de la República, en su tercer Informe, luego de descubrir tardíamente la utilidad y sentido de la política, llamó a la realización de algún tipo de acuerdo que le permita crear y sostener un ambiente propicio para impulsar sus reformas.

Hasta el momento, y luego de que ha sido instalada formalmente la 59 Legislatura, no hay una sola propuesta del Poder Ejecutivo, que permita comenzar a analizar los pros y contras, los aliados y adversarios, la estrategia y tácticas. Nada, ni un solo indicio de qué y por qué es lo más importante. Reformas, de qué color y perfil: laboral, energética, de pensiones, bueno, hasta del Estado. No hay probabilidad alguna de negociar en política y en cualquier otra actividad si no se sabe qué se quiere. Y por inaudito que parezca no hay orden ni forma en lo que se quiere discutir. De allí que no debiera escandalizar el hecho de que sean los aspectos político-judiciales los que centren la atención y enfrentamientos entre los partidos políticos y sus dirigencias.

Aldana o no Aldana, es un hecho que para el gobierno no existen prioridades ni objetivos que no sean los de carácter inmediato y, por lo tanto, despreciando lo que tanto dicen y argumentan los funcionarios defender: el futuro del país.

En la misma proporción que no existen especificidades y sigue manteniéndose el mismo empobrecedor programa económico, las opciones para generar convergencias son escasas. Inclusive, la definición de que la política es un método para alcanzar acuerdos estables y duraderos; ni por asomo existen indicios de que en ese sentido se vaya a hacer algo.

Enfrentándose de arranque con el PRI, Juan de Dios Castro Lozano ha puesto de manifiesto con su accionar que las viejas actitudes prevalecen en un escenario donde se requiere más tacto, talento y oficio político.

La conducción de los trabajos en los Congresos, hasta donde se sabe, demanda de claridad en los objetivos y reconocer que todas las partes (las fracciones de cada partido representado en la asamblea) tienen un papel que cumplir al frente de la Cámara de Diputados; es el presagio de un espectáculo donde lo que menos habrá será política de altura.

Por supuesto que no se trata de dejar o hacer a un lado ideales o principios, sino de convocar mediante los argumentos a que la negociación sea pactada y, sobre todo, respetada. Las largas horas y jornadas de debates se irán al basurero de no encontrar en las actitudes de los nuevos diputados una importante dosis de flexibilidad.

Los radicalismos son parte de un pasado en el que implicaban seguridad en cuanto a fuente de identidad a propios y extraños. Pero francamente los tiempos que vivimos ya no dejan mucho espacio para esos mismos radicalismos.

Castro Lozano no resolvió nada y sí, en cambio, complicó hasta la ruptura la nonata agenda legislativa. Es más, lo que propició fue algo que los priístas no habrían alcanzado a corto plazo: los unificó en el Senado, en la Cámara de Diputados y en la dirigencia nacional. Para alcanzar puntos que representen avances en la gobernación del Poder Legislativo, mucho mejor sería validar en los hechos lo que se acordó con anterioridad.

Faltan unas cuantas semanas para que el tema económico sea el central en los debates parlamentarios. Se habrán perdido días preciosos para apuntalar temas que requiere el país.

Este primer periodo ordinario de sesiones, que es el más largo, tendrá como destino la inutilidad, de no haber, y rápido, una reconsideración en la actitud de quienes, se supone, están llamados a jugar un papel más prudente y por lo tanto alejado de protagonismos innecesarios, pues el sencillo ejercicio de los cargos les confiere influencia de facto.

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