Marco Rascón

Pactos o legalidad

El país funciona por el camino de la legalidad o del uso de pactos discrecionales, a botepronto, circunstanciales y pragmáticos entre los grupos de la clase política. Hoy los políticos se consideran "constructores" que miden su "habilidad" sobre la base de demostrar su capacidad para violar la ley en nombre de la política y los acuerdos pactados. Es mejor político quien hace más pactos, no importa que pase por encima de la legalidad; por eso de manera grotesca se considera fundador u hombre de la transición, reivindicando así el cinismo político ante las cámaras o los micrófonos.

El discurso del presidente Vicente Fox del pasado primero de septiembre fue una rendición no constitucional de su mandato en favor de cogobernar mediante pactos y acuerdos con aquellos a quienes se comprometió a sacar de Los Pinos.

El informe presidencial sirvió para anunciar el armisticio de Fox con el PRI en lo que llamaron "el camino de la política". Todos aplaudieron cuando vieron salir a Fox domesticado, sin mandato, puestos los arneses y las riendas de la clase política que el ingenuo voto mayoritario de los mexicanos en 2000 depositó en el ranchero provinciano, empleado de trasnacionales, que ahora vivirá tres años en la soledad de una presidencia sin poder. Después de sacar al PRI de Los Pinos, Fox regresó a la residencia oficial, hoy convertida en su propia jaula; sólo la tragedia podría salvarlo.

Sin embargo, hay contradicciones. Después del discurso del armisticio, Juan de Dios Castro, presidente de la mesa directiva del Congreso, vuelve a lanzar el asunto del Pemexgate y el desafuero del senador Aldana, lo que provoca que los priístas amenacen con usar su mayoría legislativa, acusando a Vicente Fox de romper el pacto y el armisticio. El pantano se ensancha de nuevo tras el choque de la legalidad contra el pactismo.

Así están las cosas: los partidos, las instituciones, la justicia, la legislación, la información de los medios y hasta la ética se pactan; de lo contrario estarán en choque permanente con el estado de derecho.

El pactismo es el prisma para ver las corruptelas del Pemexgate y de los Amigos de Fox, ambos violadores de la ley electoral. Pero hay muchos más pactos: están los que se hicieron para proteger las inversiones de Carlos Slim en el Centro Histórico; el juicio de extradición contra el mexicano Lorenzo Llona, gracias a los pactos anticonstitucionales con Aznar; están las elecciones internas fraudulentas y endémicas en el PRD, así como los pactos entre corrientes en este partido; los pactos entre Madrazo y Elba Esther en el PRI, y de ella con los panistas, y de éstos con los foxistas; hay pactos de todos los partidos con la oligarquía económica, aceptando que sean los coordinadores parlamentarios en el Congreso; existe un pacto de los políticos con los medios de comunicación y pactos para aplicar discrecionalmente los presupuestos; pactos entre gobernadores priístas, y de priístas dentro del PRD para apoderarse del partido del sol azteca; pactos con testigos protegidos; pactos entre Televisa y Tv Azteca por el rating; pactos entre perredistas y priístas, entre tricolores y blanquiazules; entre perredistas y panistas; pactos del Partido Verde con Salinas; pactos para usar la política como negocio; pactos para impedir gobernar; pactos entre izquierda y oligarquía; pactos de todos con la Iglesia; pactos de políticos con el narcotráfico, todos sellados bajo el manto de la transición pactada.

El pactismo es una herencia que data de la usurpación de Salinas de Gortari, así como de la idea panista impuesta en 1988: el poder "se legitimaba" con hechos. Hoy quienes conducen el régimen pactista son los medios electrónicos de comunicación: ellos imponen a la opinión pública la racionalidad política de lo que "es bueno" o "malo".

Hoy el país funciona sobre la base de que el viejo poder presidencial se descompuso en 32 prototipos de presidencialismo y la Federación es una república regida estructuralmente por el pacto entre gobernadores. Gracias a ello, el sistema financiero internacional ha convertido a este país en paraíso fiscal, en una especie de isla Caimán, donde reina la discrecionalidad y el vacío de leyes sin que se apliquen las existentes. El estado de derecho está deshecho. Sólo los tontos creen en él y, como en la clase política no hay ninguno, la legalidad es inexistente. Los políticos mexicanos carecen en conjunto de visión de Estado, todos coparticipan y se sirven de la discrecionalidad y la sobreposición del pactismo sobre la legalidad.

Uno de los casos más dramáticos es el del PRD, que se considera cabeza de ratón en esto del pactismo. El desastre sobreviene al comparar el pactismo entre grupos, cuando la aspiración no sólo era un partido democrático y legalista, sino un país donde reinara el estado de derecho.

Esta caricatura de transición no conduce a México a su modernización, sino a la tragedia. Está sembrando una descomposición muy profunda que corrompe a todas las instituciones y terminará llevando al país a nuevas y repetidas tragedias.

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