Difíciles condiciones económicas y sociales, la causa

Crecerá la migración ilegal: instituto de doctrina social

JOSE ANTONIO ROMAN

Por las difíciles condiciones económicas y sociales que enfrenta el país no se prevé que la migración indocumentada hacia Estados Unidos se detenga, sino que, al contrario, aumente, y en ello participan activamente los polleros. Para combatirlos hace falta actualizar las normas, penas más severas y una mayor y más eficiente aplicación de la ley, afirma el director del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (Imdosoc), Manuel Gómez Granados.

"La principal causa de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos radica en la pobreza, la marginación y el desempleo, fruto de nuestra historia y del modelo económico que tenemos. Un país con 50 por ciento de habitantes en la pobreza continuará siendo expulsor de migrantes."

En su libro Mirada a las migraciones en México, recién editado por el Imdosoc, Gómez Granados destaca la impunidad de los polleros, así como la lentitud con que las autoridades actúan. Para muchas personas el juicio lógico es que estos traficantes de personas están en contubernio con las autoridades.

En este contexto, considera que al gobierno de México le falta voluntad política para asumir una actitud más integral y proactiva sobre los migrantes, incluyendo a los millones de personas que son migrantes en potencia por las condiciones de pobreza, empobrecimiento progresivo y exclusión social en que viven. "La verdad es que el gobierno debe evitar el fenómeno por todos los medios a su alcance, respetando los derechos humanos, y también debe atender la migración interna. No es posible aceptar que la única salida a la pobreza sea la emigración con todas sus consecuencias."

Dirigido a los miembros de pastoral y a hombres y mujeres que desean incursionar en el trabajo con migrantes, el texto presenta una visión general del fenómeno desde una perspectiva de la doctrina social cristiana, en la que se reconoce no sólo el legítimo derecho del hombre a migrar hacia cualquier parte y por cualquier causa, sino también el que le asiste a las naciones para controlar sus fronteras. No obstante, rechaza que esta última garantía se ejerza sólo con el objetivo de adquirir mayor riqueza.

Las naciones cuyo poderío económico sea mayor y tengan la capacidad de proteger y alimentar a sus habitantes tienen la obligación de adaptarse a los flujos migratorios, expresa Gómez Granados, actual secretario ejecutivo de la Comisión para Laicos del Episcopado Mexicano y miembro del Pontificio Consejo de Justicia y Paz.

El autor señala también que mientras México no asegure las condiciones de justicia y respeto a los derechos humanos de éstos, sobre todo de los centroamericanos, "moralmente no estamos en condiciones de exigir lo que no estamos dispuestos a ofrecer". Inclusive cita una declaración del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, de que México no tiene calidad moral ante Estados Unidos para pedir un acuerdo en la materia si antes no resuelve la injusta situación de los migrantes centroamericanos.

Gómez Granados, tras señalar que el fenómeno es una realidad que crece día tras día, recordó el mensaje que en 1995 dirigió Juan Pablo II con motivo del Día Mundial del Migrante, en el que advertía que "la solución a la migración indocumentada es la eliminación a escala mundial del subdesarrollo".

Cifras que ilustran la magnitud del problema

En 85 cuartillas, el autor presenta números sobre el fenómeno: diariamente cruzan 800 mil personas por algún punto de los 3 mil 200 kilómetros de frontera México-Estados Unidos; entre 1995 y 2000, según el censo, migraron más de un millón 633 mil mexicanos y 96 por ciento de ellos fueron a Estados Unidos; anualmente el vecino país del norte deporta a más de 100 mil indocumentados; se calcula que 64 por ciento de la reciente migración mexicana hacia Estados Unidos es ilegal; poco más de 5 millones de familias e infinidad de comunidades viven prácticamente de las remesas, y el año pasado los envíos de dinero a nuestro país alcanzaron una cifra récord: 10 mil millones de dólares. Bancos e instituciones financieras intermediarias se quedan con 20 por ciento del dinero enviado, lo cual constituye una práctica de usura.

También hace referencia a los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, actos que modificaron radicalmente las condiciones para un acuerdo migratorio. Dijo que ninguno de los dos países tiene actualmente la capacidad institucional para llevar a cabo una reforma en la materia. Ni México ni América Latina en general han entendido todavía el cambio que se produjo en Estados Unidos después de los ataques terroristas.

Las prioridades de ese país han cambiado radicalmente. Consecuencia de ello, el Servicio de Inmigración y Naturalización pasó del Departamento de Justicia al nuevo de Seguridad Interna, y se dividió en dos agencias. "Las consecuencias de los actos terroristas cambiaron no sólo las leyes, sino las actitudes hacia la migración."