En entrevista con este diario, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, reveló algunos de los puntos centrales que se incluirán en la segunda recomendación de ese organismo sobre los casos de feminicidio ocurridos en Ciudad Juárez.

El grave diagnóstico implícito en ese documento pone de manifiesto la profunda desarticulación que padece el sistema de procuración de justicia del país y la vergonzosa falta de perspectiva y sensibilidad que ha caracterizado a las diversas autoridades -de los tres niveles de gobierno- vinculadas al esclarecimiento de estos trágicos hechos. De tal lastre de desaciertos y omisiones no se libra la propia CNDH, como reconoció su titular al aceptar que esa institución también falló en la atención del caso.

Con todo, la responsabilidad mayor corresponde a las instancias de procuración de justicia, las cuales han conducido la investigación en completo desorden y han sido fatalmente incompetentes para erradicar la impunidad que ha permitido que persista el feminicidio. En esta serie de yerros y desatinos figuran, entre otros, la falta de coordinación entre las autoridades para enfrentar y detener la cadena de asesinatos, la negligencia de los agentes del Ministerio Público y lo inapropiado de su metodología de trabajo; el desorden en que se encuentran los expedientes, la presentación de inculpados sobre la única base de su confesión (que en algunos casos podría haber sido obtenida mediante tortura), la falta de seguimiento acorde a derecho de las averiguaciones previas y las graves prácticas de intimidación y hostigamiento contra familiares de las víctimas perpetradas por servidores públicos.

En este bochornoso catálogo cabe incluir la carencia de voluntad política de las autoridades para enfrentar vigorosa y decididamente el caso, pues la insensibilidad de los diversos gobiernos implicados ha sido la tónica durante una década. A la descoordinación operativa y el caos en las investigaciones deben añadirse, como signos de ese desdén oficial ante el dolor y el clamor ciudadanos, los perturbadores intentos -tanto de la pasada administración estatal panista de Francisco Barrio como de la presente del priísta Patricio Martínez- por criminalizar a las víctimas, la continua evasión de sus responsabilidades por el gobierno estatal -la respuesta del mandatario chihuahuense al reciente informe de Amnistía Internacional lo ejemplifica- y el inaceptable silencio del municipio de Ciudad Juárez ante las peticiones de la CNDH.

El gobierno federal tampoco está libre de fallas, pues no ha sido capaz de encarar con prontitud y suficiencia el reclamo social que exige abordar decididamente un caso de proporciones mayúsculas. El operativo bajo la supervisión de las autoridades federales recientemente emprendido aún no ha dado resultados, la atracción parcial del caso por la PGR parece un formulismo retórico o legaloide sin efectos concretos y, hasta el momento, la promesa del presidente Fox de designar un comisionado especial no es sino palabras. Ante las muertas y las desaparecidas de Juárez, el Estado mexicano ha sido, hasta la fecha, negligente y remiso.

Por ello, las autoridades tienen la obligación jurídica y moral de honrar su responsabilidad y atender de forma inmediata y completa la próxima recomendación de la CNDH, los reclamos de las familias de las víctimas y la exigencia generalizada de la sociedad para terminar con la impunidad, esclarecer la muerte y desaparición de mujeres y castigar a los responsables. De igual manera, corresponde a los diferentes gobiernos mostrar ante la nación sensibilidad y compromiso verdaderos para impedir que los asesinatos sigan cometiéndose y para reparar, en lo posible, el terrible daño causado por años de displicencia y negligencia oficiales.