Ante el libelo titulado Denuncia: Elba de Troya o Lady Macbeth Gordillo, que en días recientes ha sido profusa y anónimamente enviado a diversos medios informativos, esta casa editorial ha considerado necesario demandar a los furtivos responsables de la publicación -sean quienes fueren- por la reproducción indebida de diversos textos periodísticos publicados en La Jornada y por la difamación contenida en el ''agradecimiento'' a este periódico por ''la difusión de nuestro movimiento'', la cual no ha ocurrido nunca.

Además de promover esas acciones legales, es obligado expresar el inequívoco deslinde de nuestro proyecto informativo respecto de prácticas de pretendida denuncia y ataque a personajes públicos que son, además de inmorales e inadmisibles, abiertamente delictivas.

Si las conversaciones telefónicas entre Elba Esther Gordillo y otras personalidades políticas -intercambios transcritos en el libelo de marras- fueron auténticas, entonces el pasquín referido es prueba de una intrusión ilegal en la privacidad. Si son falsas, constituyen evidencia de difamación y calumnia. En cualquiera de los escenarios, tales transcripciones y su difusión expresan, además, una bajeza y un primitivismo plenamente reprobables e inaceptables en la vida republicana del México actual. Nada justifica una agresión semejante, ni contra Elba Esther Gordillo ni contra cualquier otro protagonista político.

Dicho lo anterior, es pertinente señalar también que ese condenable intento de descalificación de la secretaria general del PRI encaja en una serie de prácticas vergonzosas heredadas del llamado régimen político mexicano y vigentes, por desgracia, en diversos ámbitos de la escena institucional y de la administración pública. La clase política en general, empeñada en preservar sus márgenes de impunidad y en vivir, por lo tanto, bajo la permanente sospecha de la sociedad, ha abonado el pantano en el que florecen ejemplos de abyección como el libelo de la "Asociación Ignacio M. Altamirano". Esa clase política y el poder público son responsables, además, de la alarmante proliferación de casos de espionaje telefónico que jamás se investigan a fondo y cuyos culpables no son nunca identificados y sancionados conforme a derecho.

En el caso de la dirigente priísta, como en el de muchos otros políticos, este diario ha publicado notas, reportajes, entrevistas y artículos que les son inequívocamente desfavorables. Lo ha hecho de manera abierta, transparente y responsable: citando o describiendo fuentes y ofreciendo la firma de reporteros y analistas; sin husmear en ámbitos privados y sin recurrir a procedimientos ilegales y canallescos como el espionaje. Este proceder periodístico se fundamenta en una doble convicción: que el recurso a procedimientos indebidos para obtener información desvirtúa y pervierte la tarea misma de informar, y que la trayectoria visible y el desempeño público de personajes como Elba Esther Gordillo son elementos suficientes para que los lectores formulen sus propios juicios y se hagan una idea precisa sobre tales protagonistas políticos.

Finalmente, ante la difusión del libelo mencionado, algunos medios informativos han optado por citarlo y reproducirlo. La Jornada no tiene por qué calificar, descalificar o comentar esas decisiones editoriales o comerciales ajenas, pero sí tiene el deber de expresar ante sus lectores los motivos de sus propias determinaciones. En el caso presente, y con base en las reflexiones aquí expuestas, este diario no difundirá extractos o pasajes del libelo anónimo de referencia.

En una conversación con el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eduardo Bertoni, el subprocurador federal Mario Alvarez Ledezma advirtió, según el propio funcionario internacional, que "la revelación del secreto profesional de los periodistas a un Ministerio Público en una averiguación previa, sólo procederá como diligencia excepcional". Se evidencia así que la Procuraduría General de la República persiste en sus intenciones de atropellar principios profesionales irrenunciables como, en el caso de los informadores, la protección y preservación de sus fuentes.

El matiz de excepcionalidad expresado por Alvarez Ledezma es irrelevante, toda vez que es la propia autoridad de procuración de justicia la que determina las excepciones, ya sea en función de la importancia de los casos, o con base en la incapacidad o la falta de voluntad de sus empleados para realizar una investigación seria y profesional; en ausencia de esas capacidades, queda siempre el atajo de la extorsión y el chantaje contra periodistas.

A juzgar por la experiencia y por los hechos cotidianos, el establecimiento de un margen de discrecionalidad tan amplio a policías y agentes del Ministerio Público conduce a la proliferación de abusos de autoridad y atropellos inadmisibles.

Es necesario, por tanto, que la próxima legislatura concrete la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales propuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a fin de garantizar el derecho y el deber de los periodistas de guardar el secreto profesional. Sólo de esa forma podrá disponerse de un marco legal que brinde a los informadores plena protección ante conductas prepotentes, intimidantes y abusivas como las que han ostentado empleados de la PGR, en fechas recientes, contra reporteros y corresponsales de este diario y de otros medios.