Colaboración del Colegio de Abogados de México

Recibirá el Senado asesoría jurídica sobre el Fobaproa

También opinará sobre clonación e indocumentados

ANDREA BECERRIL

El presidente del Senado, Enrique Jackson Ramírez, solicitó la asesoría del Colegio de Abogados de México para encontrar una solución enmarcada en la ley para sanear el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). "En el Congreso de la Unión no vamos a ceder hasta no limpiar las operaciones del rescate, concretamente la cartera vencida de los bancos, para reducir el costo fiscal de esa deuda que ahora tiene el país", expuso.

Durante la firma de un convenio de colaboración entre el Senado y el Colegio de Abogados de México, el priísta Jackson hizo notar que uno de los asuntos que más preocupan al Congreso es el Fobaproa, toda vez que a partir del rescate bancario, el gobierno se quedó con las carteras vencidas de las instituciones de crédito, la mayoría de las cuales desaparecieron llenas de manejos irregulares.

"Hay cuatro bancos que sobrevivieron, valga el término, y son los que hoy siguen operando y con los que tenemos que hacer aclaraciones a partir de la cartera que entonces se recuperó y que el gobierno debió cubrir", comentó.

El priísta resaltó que en estos momentos los poderes Legislativo y Ejecutivo están enfrascados en una discusión de tipo jurídico en torno a si son válidas las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, si es legal que se hayan amparado los cuatro bancos, entre otros puntos que requieren de un alegato enmarcado en el derecho y encaminado a reducir el costo del pago de la deuda y de los intereses correspondientes.

Jackson Ramírez dijo asimismo que el costo del Fobaproa se paga con dinero público, con recursos de todos y en momentos en que la astringencia reduce la capacidad de respuesta del Estado mexicano a muchos programas sociales y a inversión en infraestructura.

Es una carga, insistió, que reduce la capacidad de respuesta del gobierno mexicano ante los rezagos del país, porque se destinan anualmente 50 mil millones de pesos para cubrir los intereses de la deuda del rescate, que está ahora en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Por ello, dijo que es uno de los asuntos que debiera explorar el Senado junto con el Colegio de Abogados, para encontrar una solución por la vía estricta del derecho.

El presidente del Senado agregó que se requiere también el apoyo jurídico de ese instituto en lo que se refiere a la protección de los indocumentados que laboran en Estados Unidos y a la clonación y utilización de células troncales.

Críticas a gestiones diplomáticas

Hizo notar que la intención es lograr que haya un respeto a los derechos humanos de quienes emigran a Estados Unidos, "un asunto de una enorme carga humana", donde no hay la capacidad y la posibilidad de atenderlos y todo se agota en la mera gestión diplomática, con la que está "insatisfecho" el Senado.

"Ahí tenemos un reto, es un asunto de muchos años y algo a lo que tenemos que buscar solución, además de la gestión diplomática, de la relación entre gobiernos y de la presencia del Congreso mexicano, para evitar que se sigan violando las garantías fundamentales de quienes emigran a Estados Unidos y sólo encuentran un trato desigual e injusto", agregó.

A su vez, el presidente del Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado, Oscar Cantón Zetina, resaltó la importancia de ese convenio con el Colegio de Abogados ya que, apuntó, significa un paso adelante en la necesaria vinculación entre el poder público y la academia.

No es posible aspirar a que se mejoren las condiciones del pueblo mexicano si los investigadores y especialistas marchan por un camino y los legisladores y gobernantes por otro, agregó Cantón Zetina.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de México, Fernando Yllanes Martínez, ofreció la opinión de ese órgano sobre el debate y las propuestas de modificación que se ha sostenido en torno a la reforma eléctrica, así como análisis relativos a la clonación, tanto para efectos reproductivos como terapéuticos, y los demás temas que sean de interés nacional.

Sostuvo que sus posiciones estarán separadas de puntos de vista partidista o credos religiosos, ya que el interés "es velar por la vigencia del estado de derecho y por que las leyes o normas cumplan con los fines del derecho, que son la justicia, la seguridad jurídica y el bien común".

La opinión del colegio, garantizó, estará libre de posiciones ajenas al derecho.