La privatización de los servicios públicos, en todas las latitudes y en todos los países, metropolitanos o dependientes, desde la Rusia de los magnates hasta el Reino Unido de Anthony Blair, con su "tercera vía", Estados Unidos o los sufridos países sudamericanos, tienen en común la preocupación de las empresas por aumentar sus ganancias a costa de la calidad de los servicios que prestan y del bolsillo de los usuario de los mismos. El resultado es, a mediano plazo, el caos en esas verdaderas arterias de la economía y, por supuesto, un pesado lastre que retrasa la recuperación de los salarios, ya golpeados por la recesión. En muchos casos -el agua, los ferrocarriles ingleses- el fracaso de las privatizaciones obligó a restatizar las empresas entregadas a capitalistas privados (por supuesto, con grandes pérdidas debido además a la necesidad de reparar todos los daños causados por la falta de mantenimiento y modernizarlas). En particular, en Chile, Argentina, Perú y Brasil, se comprobó cómo las compañías eléctricas privadas elevaban las tarifas, despedían personal para reducir sus costos laborales y aumentar sus ganancias, pero no realizaban inversiones técnicas que mejorasen la capacidad y el servicio de su red, de modo que los apagones se extendían cada vez más, al mismo tiempo que las facturas aumentaban. El ejemplo de Nueva York es concluyente: la Consolidated Edison aumentó en dos años sus tarifas en 38 por ciento y logró el mayor apagón de la historia. Agreguemos a esto el control estratégico de servicios esenciales para el funcionamiento económico nacional por parte de inversionistas extranjeros para nada interesados en el desarrollo nacional, pero sí en triplicar en poco tiempo su inversión inicial. Hace menos de un mes, por ejemplo, se produjo en Buenos Aires un gran apagón que obligó al presidente Néstor Kirchner a preguntar públicamente a las compañías eléctricas extranjeras si acaso no estaban tratando de forzar, mediante un verdadero chantaje, un nuevo aumento de las tarifas.

Por consiguiente, no se puede prescindir de la experiencia que deja el reciente apagón en Estados Unidos y Canadá, así como de la gran crisis eléctrica en California provocada por la Enron (empresa corrupta y corruptora que sugirió ideas básicas para el plan energético mexicano además de financiar la campaña electoral del presidente George W. Bush y que éste trató de promover en Argentina en épocas del presidente Raúl Alfonsín, según denuncia del entonces ministro Terragno). En los estados del país del Norte donde no había pasado la desregulación de los servicios eléctricos no hubo ningún problema porque los servicios estatales han mantenido un margen de seguridad que los privados, en cambio, han reducido al máximo para tener menores costos fiscales y laborales. El apagón no fue entonces causa de un problema meramente técnico. Deriva, por un lado, de la política de despilfarro energético y del consumo innecesario derivado de la producción y promoción de aparatos y servicios eléctricos en cantidad cada vez mayor (para remplazar trabajadores por computadoras, reducir los costos industriales y responder al caos creado por el alejamiento, por razones de especulación inmobiliaria, de millones de personas del lugar donde trabajan y al cual deben transportarse sobre todo mediante trenes subterráneos). Y, por otro lado, tiene un nombre: la privatización de servicios estratégicos. Por eso es posible decir que, si el apagón en Estados Unidos y Canadá no se debió a un atentado terrorista, la privatización hace planear doblemente el terror sobre los usuarios, porque demuestra que un atentado podría paralizar el corazón de un gran país si le corta la arteria eléctrica, y porque también somete a decenas de millones de personas, de todas las edades, al terror de quedar horas en los elevadores o en el Metro, deshidratándose, o de quedar expuestas por días, inclusive en invierno, durmiendo en las calles, como en una ciudad bombardeada. Sería bueno recordar estas experiencias y aprender de ellas en vez de fingir ignorarlas y seguir promoviendo en el exterior e inclusive en el Congreso nacional la privatización de la energía eléctrica mexicana como si fuera una panacea y no una promesa de desastres.