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México D.F. Viernes 15 de agosto de 2003

Les garantiza permanecer aquí hasta acabar el proceso

Dan amparo a los 6 vascos reclamados por España

Las acusaciones, basadas "en puros supuestos": abogados

Los juzgados segundo y quinto B de distrito en materia de amparo otorgaron la suspensión provisional a los seis ciudadanos de origen vasco que se encuentran presos en el Reclusorio Norte con fines de extradición. Este recurso les garantizará a los ahora detenidos que cuando el gobierno de España formalice su petición en la materia no puedan ser trasladados al país ibérico de manera inmediata, sino hasta que las autoridades judiciales terminen el proceso de extradición correspondiente.

Por su parte, los abogados de cuatro de ellos indicaron que sus clientes están detenidos "sin las órdenes de aprehensión necesarias", y agregaron que las acusaciones del gobierno español en contra de los seis vascos se basan "en puros supuestos" del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

En conferencia de prensa, los abogados Bárbara Zamora y Santos García exigieron al Congreso de la Unión que cite a comparecer al canciller Luis Ernesto Derbez y al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, para que expliquen "por qué el gobierno mexicano se ha subordinado (al del país ibérico y) a los caprichos del juez Garzón, al permitir que policía española realice investigaciones dentro de territorio nacional". También deben explicar "por qué la PGR se convirtió en el brazo represivo de España en contra de ciudadanos vascos, y ahora hasta de tres mexicanos".

Al ser interrogados sobre si tienen pruebas de que agentes policiacos del país ibérico han realizado investigaciones dentro de México, aseguraron que cuentan con testimonios de familiares, amigos y vecinos de los seis vascos, que "presenciaron las incursiones de españoles, no sólo durante los operativos en que fueron detenidos nuestros clientes (presos en el Reclusorio Norte) y los tres mexicanos, sino en ocasiones anteriores".

Asimismo, indicaron que esas personas les aseguraron que la comunidad vasca comúnmente es "vigilada" y "acosada" por la policía española, cuyos elementos "se visten de negro, como si fueran de la Agencia Federal de Investigación, pero tienen acento español".

Por otra parte, refirieron que la PGR aún no ha fincado responsabilidades penales en contra de los vascos detenidos ni de los tres mexicanos arraigados en casas de seguridad. "No hay un motivo legal para que estén presos y arraigados", puntualizó Zamora.

Sobre las siete cuentas bancarias que les encontraron a sus clientes, que según el juez Garzón eran utilizadas para financiar a una célula de ETA que opera desde México, los litigantes aclararon que "se trata de cuentas personales que registran movimientos ordinarios que cualquier ciudadano que trabaja en el país puede tener".

Asimismo, agregaron que "una de las cuentas fue cancelada desde hace tres años y otra fue absorbida cuando Bancomer fue comprado por Banco Bilbao Vizcaya. Ahora sólo quedan cinco cuentas personales a nombre de cinco de los seis vascos, pues uno de ellos ni siquiera tiene, y sin embargo también fue detenido".

Añadieron que las cuentas se refieren a depósitos esporádicos a familiares directos de los ahora detenidos: "Hasta donde sabemos, no es ningún delito enviar dinero a un familiar en otro país, porque en esta lógica de Garzón todos los indocumentados mexicanos que de Estados Unidos envían dinero a sus familias en México serían delincuentes organizados", puntualizó Zamora.

En este aspecto, los abogados cuestionaron la forma en que el juez Garzón tuvo acceso a información bancaria de los ciudadanos vascos, e indicó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores violó el secreto bancario al otorgar información a terceros sin que mediara la orden de un juez mexicano.

Agregó que los tres mexicanos fueron arraigados porque la PGR no encontró motivos para consignarlos ante un juez, y "sólo porque (Baltasar) Garzón asegura que son terroristas, ahora son investigados, sin que existan pruebas contundentes contra ellos".

Asimismo, indicaron que "todos los detenidos son personas de trabajo estable hasta con 15 años de antigüedad, y tienen un modo honesto de vivir; inclusive en las respectivas empresas donde trabajaban hasta antes de que fueran aprehendidos sin que les mostraran la orden correspondiente, eran considerados de los mejores elementos".

Como se recordará, el pasado 18 de julio fueron detenidos en seis entidades del país José María Urquijo Borde, Ernesto Alberdi Alejalde, Asier Arronategui Duralde, Félix Salustiano García, Juan Artola Díaz y María Asunción Gorrtxategi. Ese día también fueron aprehendidos los mexicanos Pedro Castro Vargas, María del Pilar Sosa y Noé Camarillo Cantú, quienes actualmente están bajo arraigo domiciliario en casas de seguridad de la PGR. Todos están acusados por el gobierno español de pertenecer a ETA, y efectuar actos terroristas en el país ibérico, así como realizar operaciones de lavado de dinero en favor de ese grupo desde México.

AMO

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