Este 8 de agosto, aniversario del nacimiento de Emiliano Zapata, la autonomía indígena en México dio un enorme salto adelante. La coordinación de los más de 30 municipios autónomos rebeldes y la creación de juntas de buen gobierno (Caracoles) en las cinco regiones en que se divide el territorio controlado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) colocaron la lucha de los pueblos indios por su reconocimiento en un plano radicalmente distinto al que se encontraba hasta ahora.

El reconocimiento como pueblos y el derecho al ejercicio a la libre determinación y a la autonomía como una expresión de éste ha sido, desde hace muchos años, un entrañable anhelo de los habitantes originarios. Esta demanda, reconocida inicialmente por el Estado mexicano en los acuerdos de San Andrés, el 16 de febrero de 1996, se quedó insatisfecha con la desafortunada reforma constitucional aprobada por el Congreso en 2001. Con la creación de las juntas de buen gobierno los zapatistas han hecho realidad tanto el deseo indígena nacional como los compromisos pactados con el gobierno.

El municipio libre fue una de las exigencias centrales del zapatismo original, el nacido de los campesinos. Su grito de "¡Viva pueblos, abajo haciendas!" fue, simultáneamente, una demanda de recuperación de la tierra y el territorio arrebatado tanto por liberales como por conservadores. El municipio, y la asociación de varios de ellos regionalmente, han sido durante décadas, los espacios políticos que muchos pueblos indígenas han utilizado para mantener vivos sus sistemas normativos, la elección tradicional de sus autoridades y la identidad cultural. En los hechos, ello ha ocasionado que las instituciones gubernamentales asuman un funcionamiento "híbrido", mitad constitucional y mitad indígena.

Los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno retoman estas dos tradiciones y prácticas históricas, reinventándolas desde la experiencia y la visión del mundo zapatista. Ellos son, simultáneamente, un ideal y una realidad. Los Caracoles son, pues, una institución y la prefiguración de una sociedad diferente.

Los representantes escogidos para las juntas de buen gobierno tendrán mandatos amplios pero precisos de sus bases, que podrán revocarlos si no cumplen con lo decidido por las asambleas. Contarán, además, con la colaboración de las autoridades tradicionales o de los consejos de ancianos, mezclando así lo nuevo y lo centenario, y renovando así igualmente el modo de considerar y aplicar los usos y costumbres que son norma legal en las comunidades indígenas. Entre sus competencias se encuentran las referentes a la justicia, a los asuntos agrarios, a la salud, la educación e inclusive el registro civil (registro de nacimientos, defunciones y matrimonios). A partir de ahora, una parte muy importante de las relaciones entre las comunidades en rebeldía y la sociedad civil nacional e internacional, será su responsabilidad.

Se trata de un ambicioso paso en la construcción de instituciones de autogobierno y el establecimiento de una normatividad jurídica alternativa, que son uno de los componentes centrales de cualquier proyecto autonómico. Un paso que ejemplifica con claridad la naturaleza y profundidad del conflicto existente entre el Estado y los pueblos indígenas, así como la enorme miopía de la clase política para tratar el asunto.

Además de hacer nacer nuevas instituciones, los zapatistas convocaron ayer a una amplia movilización política y social y, en voz de la comandante Esther, a "hacer ley los acuerdos de San Andrés". Aseguraron que harán llegar su voz al próximo encuentro de la Organización Mundial del Comercio, que se efectuará en Cancún el próximo septiembre. Parte central de esta iniciativa es el Plan La Realidad-Tijuana, en clara oposición al desafortunado Plan Puebla-Panamá promovido por la administración del presidente Vicente Fox.

La convocatoria a la movilización llega a la sociedad civil mexicana en un momento de pasmo y letargo de las principales fuerzas políticas, pero también de malestar social profundo, tal y como quedó demostrado durante los pasados comicios. La crisis del Partido de la Revolución Democrática y sus interminables pleitos internos, apenas confirmados ayer con la renuncia de Rosario Robles, han inmovilizado al principal partido de centro izquierda mexicano.

El salto adelante en la autonomía indígena y el llamado a la desobediencia ciudadana son un desafío para el conjunto de la clase política mexicana. Un desafío que hace evidente el enorme foso que separa a amplias capas de la población del mundo de la política institucional. Un desafío que debería de ser, también, una advertencia de lo que sucede cuando los problemas de fondo quieren resolverse con medidas cosméticas.