Descarta el posible incremento de las cuotas patronales para seguridad social

Rechaza el IMEF aplicar un plan de rescate al IMSS similar al de los bancos

Urgen medidas duras, aunque impopulares, para generar recursos: Espinosa Desigaud

ANTONIO CASTELLANOS

El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Alberto Espinosa Desigaud, rechazó aplicar un rescate al Seguro Social similar al del sistema bancario y planteó la necesidad de poner en práctica de manera urgente medidas duras, aunque impopulares, para generar recursos destinados a la seguridad social. El pasivo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es de 352 mil millones de pesos, equivalente a 5.7 por ciento del producto interno bruto (PIB), es insostenible, precisó.

Las finanzas públicas, afirmó en conferencia de prensa, ya no aguantan más la sangría que representa transferir recursos a ese organismo y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y consideró que aumentar uno por ciento las cuotas patronales será una medida parcial que, definitivamente, no resolverá el problema de fondo. Es ahora cuando se debe actuar o el problema se complicará. La capacidad de maniobra para el próximo gobierno será nula, advirtió.

Uno de los aspectos sustanciales del nuevo modelo de seguridad social lo representa el esquema de financiamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sobre todo por sus importantes implicaciones para las finanzas públicas, en razón de las aportaciones que debe realizar cada año el gobierno para su funcionamiento.

Adicionalmente, precisó el dirigente del IMEF, están las transferencias de recursos presupuestales que el gobierno federal destina anualmente al ISSSTE, con el propósito de garantizar el pago de las pensiones y jubilaciones ante la falta de reservas, y cuyo monto fue de 19 mil millones de pesos en 2001 y de 21 mil millones de pesos en 2002, con una tendencia creciente, en tanto no se concrete una reforma.

Espinosa Desigaud habló en la conferencia de prensa en la que Vinicio Carvalho Pinheiro, comisionado del Ministerio de Previsión Social de Brasil ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estableció que las medidas duras e impopulares aplicadas en su país tienen un costo político, pero manejable.

En Brasil, dijo, se buscó una fórmula: la conciliación de todos los intereses. Se habló con los dirigentes sindicales, con los patrones y el gobierno expuso su proyecto. El problema es que se debe actuar ahora o después va a ser más difícil.

En el caso de México, manifestó el presidente del IMEF, aunado a los pasivos del IMSS y el ISSSTE, existen esquemas públicos de pensiones administrados por los gobiernos estatales, además de los correspondientes a las universidades públicas. En estos casos, muchas veces existen garantías implícitas o explícitas de la solvencia de los sistemas con cargo a las finanzas de los gobiernos federal y estatales.

Ante este panorama, subrayó, el IMEF hace un llamado a las instancias correspondientes, con el propósito de definir, analizar y concretar reformas integrales en los programas de seguridad social nacionales y de esta manera garantizar su viabilidad.

Las actuales condiciones de estos sistemas son insostenibles financieramente y las variables demográficas no se modificarán, por lo que, al no tomar medidas al respecto, se seguirán incrementando sus efectos en los costos.

El dirigente de los ejecutivos de finanzas mencionó que las tendencias del mercado internacional en materia de jubilación y retiro son programas acordes con la situación actual globalizada y de competencia.

Se necesitan replantear los esquemas de financiamiento de salud integral mediante un reordenamiento que contemple el costo-efectividad sostenido, considerando como entidades independientes la prestación del servicio, la asignación de recursos y el financiamiento.

Para concluir, Espinosa afirmó que entre los cambios registrados en otras partes del mundo, se consideran indispensables, entre otros, los siguientes: tendencia a cambiar los planes de beneficio definido a sistemas individualizados de contribución, aumento en la edad de jubilación, cambios que garanticen la permanencia del sistema y promoción de ahorros voluntarios para garantizar pensiones justas con la participación del gobierno, empleador y empleado.