Si Estados Unidos fuera un país plenamente democrático, como gusta de presentarse ante el mundo, el actual presidente de ese país no se llamaría George Walker Bush, sino Albert Gore. Como se sabe, el segundo obtuvo más sufragios totales que el primero en los comicios de noviembre de 2000, y el republicano llegó a la Casa Blanca trepado sobre dudosos enjuages electorales perpetrados en Florida por el gobierno estatal de su hermano Jeb.

El hecho de haber sido el candidato que la mayoría de los estadunidenses habría deseado como presidente otorga a Gore una autoridad moral indudable en la sociedad de la nación vecina. La buena imagen de Gore se incrementa por su anuncio de que no participará en la lucha por la presidencia en las elecciones primarias y en las generales del año entrante. En ejercicio de ese prestigio, el demócrata expresó ayer una severísima crítica al desempeño de Bush en el cargo, posiblemente el más radical, claro y completo balance que se haya formulado entre los insiders de la política de Washington sobre la actual administración.

Gore acusó a Bush de falsear los hechos, tanto para "vender" a la opinión pública la agresión militar perpetrada contra Irak, para defender los intereses de las empresas petroleras aun a costa de la degradación ambiental y para ocultar las amenazas que sus propuestas fiscal y presupuestal implicaban para la economía estadunidense. El demócrata reprochó al actual presidente que pretenda imponer su ideología absolutista en detrimento de la honestidad, que se haya apartado de los esfuerzos por establecer un orden internacional basado en la legalidad, que atropelle los derechos fundamentales de los que considera sus enemigos, que haya provocado el desorden de las finanzas públicas y que desconozca los límites y las atribuciones de su propio cargo; le cuestionó, asimismo, su voluntad para esclarecer lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001, y acusó a los secretarios de Justicia y Defensa, John Ashcroft y Donald Rumsfeld, de abuso de poder. Gore destacó, asimismo, el mal manejo de Bush de la invasión y la posguerra en Irak y concluyó que el problema real no reside en los asesores presidenciales sino en el mandatario mismo, por lo que llamó a sus conciudadanos a "despedirlo el año entrante y conseguir uno nuevo".

Ciertamente, visto desde fuera de Estados Unidos, el pronunciamiento del ex vicepresidente no agrega nada nuevo a la percepción mundial sobre uno de los gobiernos más torpes, criminales y bárbaros en la historia de la nación vecina. Pero para importantes sectores de la sociedad estadunidense, la palabra de Gore podría ser el punto de inflexión en el encantamiento chovinista que padece la opinión pública interna ante el actual ocupante de la Casa Blanca. Posiblemente el discurso pronunciado ayer por el político demócrata en la Universidad de Nueva York empiece a evidenciar al grueso de los ciudadanos que Bush no invadió y arrasó Irak para dar mayor seguridad a la población de Estados Unidos, sino para realizar negocios petroleros y para tender una cortina de humo sobre el pavoroso analfabetismo económico de la actual administración. Acaso lo dicho por Gore haga caer a algunos en la cuenta del enorme retroceso que ha experimentado su país en estos tres años en materia de bienestar, salud financiera, libertades civiles, derechos humanos, democracia, tolerancia, pluralidad, diversidad, prestigio y liderazgo internacionales.

Cabe esperar que las reflexiones de Gore constituyan el inicio de una vuelta a la sensatez -la que pueda darse- en la clase política del país vecino y que los votantes estadunidenses sufraguen el año entrante con lucidez y espíritu cívico y se deshagan de uno de los peores presidentes que han tenido en su historia.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) dio a conocer ayer a la opinión pública un plan de la dirección general de Luz y Fuerza del Centro, encabezada por Luis de Pablo Serna, para condonar adeudos por un monto cercano a los 4 mil millones de pesos a diversos municipios, ubicados en su mayor parte en el estado de México. Ese proyecto, que ya está en marcha, no sólo quebranta el contrato colectivo de trabajo y diversos convenios firmados entre la corporación y el organismo sindical -quebranto que da pie a la legítima preocupación de los trabajadores- sino que representa un desfalco mayúsculo a la distribuidora de electricidad y, por extensión, al sector eléctrico y energético de propiedad pública.

Ciertamente, los municipios rurales de los estados de México, Hidalgo y Puebla padecen una crónica insuficiencia de recursos y es deber del gobierno federal otorgarles apoyos que les permitan mantener cuando menos una mínima operatividad institucional. Pero el subsidiarlos mediante la anulación de sus adeudos con las empresas eléctricas del país es una operación torcida, poco transparente y sospechosa, una repetición de la discrecionalidad administrativa de los gobiernos priístas y una deplorable reiteración de las políticas depredadoras y liquidadoras que el Ejecutivo federal ha aplicado a entidades como Ferronales, Pemex, la CFE y la propia Luz y Fuerza.

Peor aún, en el contexto del debate por el futuro de la industria eléctrica y del empecinamiento oficial por privatizarla, la quita de los adeudos municipales pareciera ser una medida orientada a debilitar al sector, justificar su inviabilidad financiera y reforzar, por esa vía, los sofismas privatizadores y las distorsiones sobre la verdadera situación financiera del sector.

Resulta saludable y correcto que el gobierno federal pretenda canalizar recursos a municipios pobres, pero es exigible que lo haga de manera abierta y que lo proponga así en su presupuesto de egresos. Los apoyos subrepticios e indebidos por medio de las empresas paraestatales constituyen un desaseo administrativo inaceptable que debe ser suspendido de inmediato.