Denuncia presión judicial de la Tesorería española

El diario vasco Gara decide declararse en suspensión de pagos

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 7 de agosto. El diario vasco Gara anunció hoy que decidió declararse en "suspensión de pagos" ante la presión judicial y administrativa que ha sufrido desde julio pasado, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) española le hizo responsable de una deuda de 5 millones de euros de otro periódico, Egin, clausurado en 1998 por orden del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

"El objetivo de esta medida extrema es defender el futuro del diario y garantizar su viabilidad como empresa", explicó el abogado del rotativo, Kepa Landa. Ante la amenaza de "estrangulamiento económico" que, según los directivos del periódico abertzale (nacionalista), significa el contencioso administrativo abierto con el TGSS, las empresas responsables de la edición de Gara -Baigorri Argitaletxe SA y KIE SA- decidieron permitir que dos interventores administrativos, nombrados por el juzgado de primera instancia de Vitoria, supervisen y conozcan todos los movimientos empresariales del diario.

La decisión no se debe al riesgo de quiebra sino a la amenaza que supone la exigencia del pago de la deuda de Egin, clausurado por Garzón por su presunta vinculación a la organización armada vasca ETA. A Gara se lo señala ahora como "responsable solidario" de la deuda de Egin, una hipótesis que se sustentó en un auto judicial de Garzón, según el cual entre los dos periódicos hay "una sucesión de empresas".

El proceso sobre el pago de la deuda al erario público español se encuentra en estos momentos en manos de una sala de la Audiencia Nacional, que tendrá que decidir finalmente sobre este asunto.

Las dos empresas editoras de Gara expresaron en un comunicado que "a partir de este momento, el futuro dependerá de que la consideración que se realice respecto de nosotros sea la que corresponde a una empresa de medios de comunicación o, por el contrario, se adopte una consideración política".

Los órganos directivos de las compañías, que representan a unos 10 mil accionistas que contribuyeron a la puesta en marcha del periódico, destacaron que "a pesar del entorno hostil, los resultados de nuestras empresas han sido positivos durante los cuatro ejercicios económicos realizados, sin que hayan mediado deudas o falta de pagos a organismos oficiales o administrativos".

Kepa Landa, abogado del diario, explicó a La Jornada que la "medida extrema" sólo se debe a la "deuda que nos atribuye la Seguridad Social, a pesar de que no tiene ningún sustento jurídico", y que la suspensión de pagos no significará que haya cambios en el funcionamiento normal del diario, que seguirá pagando con puntualidad a sus trabajadores y provedores, sólo que ahora estos movimientos estarán supervisados y autorizados por los interventores públicos.

En otro asunto, la Consejería de Interior del gobierno vasco presidido por el nacionalista moderado Juan José Ibarretxe, prohibió la manifestación convocada para el próximo domingo en San Sebastián bajo el lema "No apartheid-autodeterminación", explicando que en "la rueda de prensa en la que se presentó la movilización se encontraban personas afectadas por el auto de Garzón por el cual les prohibía manifestarse, concentrarse o participar en cualquier acto público".