ECONOMIA MORAL

Julio Boltvinik

Agenda del Congreso 2003-2006

CUANDO FALTAN TRES semanas para el inicio de la 59 Legislatura del Congreso de la Unión, que arrancará el primero de septiembre con una nueva Cámara de Diputados, los temas candentes en la discusión pública nacional los están fijando la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la legislatura saliente y el gobierno federal. En particular, el asunto de la deuda derivada del rescate bancario se está convirtiendo en una papa caliente. Este tema entrará inevitablemente en la agenda legislativa del próximo periodo de sesiones.

EL GOBIERNO FEDERAL está presionando nuevamente en el tema de la reforma eléctrica, mientras la legislatura saliente ha estado empujando el tema del Fobaproa y asuntos nuevos como la reglamentación de las comisiones bancarias. Aunque el asunto no es tan importante como los dos anteriores, refleja uno de los males de la reforma neoliberal de la economía: su desregulación. Con estructuras de mercado oligopólicas, la competencia es tan débil que no impide los abusos de las empresas, que en el caso del sector bancario se traduce en comisiones y tasas activas exageradamente altas.

EN EL PROCESO DE definición de la agenda legislativa (y de supervisión del Ejecutivo por lo que hace a la Cámara de Diputados) desempeñarán también un papel las fracciones parlamentarias de los principales partidos. Las reflexiones que siguen han sido generadas parcialmente por mi participación, como diputado federal electo (por el PRD, en calidad de externo) en las discusiones internas de la fracción (electa) del PRD en la 59 Legislatura. La lista completa de los temas de la agenda es enorme. Varios de los diputados participantes en este proceso presentamos listas de temas agendables. Me limitaré a comentar los que considero centrales.

PARA PENSAR LA AGENDA legislativa es necesario contestar una cuestión esencial: Ƒpara qué queremos modificar la le-gislación? Desde esta perspectiva, la visión desde la izquierda resulta totalmente diferente a la neoliberal que domina, con matices, a los dos partidos políticos con mayor votación. Para la izquierda, en la coyuntura actual, la prioridad debe ser recuperar la senda de desarrollo autodeterminado que se ha perdido totalmente durante los pasados 21 años y que ha sido sustituida por la subordinación global (económica, tecnológica y cada vez más política) de la nación.

PARA RECUPERAR LA autodeterminación se necesita, ante todo, fortalecer al Estado. Su debilidad, intencionalmente generada por la tecnocracia neoliberal, es una de las causas centrales de dicha subordinación. La dependencia financiera del exterior es elemento central de tal subordinación. Para romperla se requiere una reforma fiscal combinada con una reducción drástica de la evasión fiscal y el fortalecimiento de la capacidad nacional de inversión. Paradójicamente, ésta no puede hacerse sin reactivar la economía nacional.

LA CREENCIA DEL PENSAMIENTO económico neoclásico de que para reactivar la inversión se tiene que estimular primero el ahorro financiero interno, fue el fundamento que llevó a la reforma del IMSS, lo que ha generado una bolsa acumulada de ahorro financiero (que manejan las Afore) que ya rebasa el medio billón de pesos. Pero ello no ha estimulado la inversión nacional.

EN EL PENSAMIENTO KEYNESIANO la re-lación es la inversa: es la inversión la que determina el ahorro. Para que crezca la inversión es necesario, por tanto, recuperar la dinámica de crecimiento de la economía nacional, para lo cual es necesario: 1) eliminar el obstáculo que representa el texto vigente del artículo 28 constitucional que establece como objetivo único (por lo menos como el único mencionado explícitamente) procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional; 2) restablecer vigorosamente las políticas de fomento económico de tipo sectorial; 3) estimular el crecimiento del mercado interno mediante políticas de recuperación de los salarios reales; 4) aprovechar todos los resquicios del TLC y de la OMC para proteger la actividad económica nacional; 5) modificar la política cambiaria evitando la sobrevaluación del peso que favorece las importaciones; 6) modificar las condiciones del entorno de la banca (por ejemplo, reduciendo sus posibilidades de colocar sus fondos en valores gubernamentales) para que ésta se vea obligada a cumplir su función económica, financiar la inversión nacional, so pena de no sobrevivir.

DE LA REFLEXION ANTERIOR se derivan, al menos, los siguientes temas para la agenda legislativa: 1) reforma fiscal, a la que podemos llamar la madre de todas las reformas. Al respecto, el PRD preparó una propuesta en el 2001 que habría que revisar y sintonizar con las tareas que viene realizando un grupo de la 58 Legislatura y que está manejando una propuesta centrada en la simplificación del impuesto sobre la renta para las personas físicas y el control de la evasión entre las mismas. Sobre la evasión, sugiero la firma de un pacto entre el gobierno federal y los partidos políticos, incluyendo explícitamente las fracciones parlamentarias, y quizás de organizaciones de la sociedad civil, para que entre todos se apoye abiertamente un programa de control de la evasión fiscal centrado en las personas físicas. Se trataría de evitar que las tareas de fiscalización se sigan viendo frenadas por el miedo a la crítica. 2) Reforma del artículo 28 constitucional para modificar los objetivos del Banco de México, añadiendo, con igual o más alta jerarquía que el de evitar la inflación, el de promover el crecimiento económico. 3) Modificar la fraccion sexta del artículo 123 constitucional para eliminar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, otorgando la facultad de fijar los salarios mínimos a la Cámara de Diputados. Este parece ser el único camino para evitar el mayoriteo que han venido haciendo el gobierno federal y la representación empresarial a los trabajadores en dicha comisión. 4) Modificar la legislación laboral para fortalecer la democracia sindical y evitar los contratos de protección, entre otros cambios. 5) Ampliar los destinos autorizados de los fondos de las Afore para que una proporción de sus fondos puedan destinarse al desarrollo de la infraestructura y de la inversión estratégica nacional. Se requiere también una regulación más estricta para proteger los fondos de posibles fraudes.

EN MATERIA ELECTORAL, las recientes elecciones nos enseñaron que la inmensa mayoría de los recursos económicos que la nación entrega, por conducto del IFE a los partidos políticos para financiar sus campañas, terminan en manos de las empresas de televisión y, en menor medida, de radio. Es decir, los mexicanos estamos pagando impuestos para pagar a los concesionarios el uso del tiempo en el espectro radioeléctrico que pertenece a la nación, cuando esto podría y debería ser gratuito. Se trata de reformar el Cofipe y la Ley de Radio y Televisión para que los partidos políticos no puedan comprar tiempos en los medios electrónicos y que su acceso a ellos sea totalmente gratuito, especialmente en tiempos de campaña. También es necesario evitar la propaganda de los tres niveles de gobierno en los periodos de campaña.

EN CUANTO A LA LEY de Radio y Televisión (sin considerar por el momento las reformas amplias que se requieren en este tema de la mayor importancia) para lo que aquí nos ocupa se requeriría que los tiempos oficiales estuviesen claramente reglamentados (dejando para los partidos políticos prácticamente 100 por ciento de ellos durante épocas de campaña) estipulando horarios y reglas para su uso. Se trataría de evitar la mercadotecnia política y estimular la difusión de las plataformas y el debate. El Cofipe, además, debe ser modificado para eliminar la ambigüedad que tienen los procedimientos de cálculo de las diputaciones plurinominales (al respecto véase Economía Moral, La Jornada, 18/7/03).

EN MATERIA SOCIAL la agenda del Congreso es también muy amplia. En primer lugar, la Ley General de Desarrollo Social (LGDS). El Senado la aprobó por unanimidad en abril pasado. Tocará a la Cámara de Diputados aprobarla y convertirla en ley o modificarla y regresarla al Senado. El texto aprobado en el Senado tiene virtudes y defectos. Excluyó varios temas que deben ser materia de una LGDS. A pesar de ello, en mi opinión debe ser aprobado con algunos cambios que garanticen su operatividad, ya que, entre otros logros, introduce candados para proteger el gasto social y crea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, como organismo descentralizado, con cierta autonomía, y que se encargaría de la evaluación de los programas sociales y de medir la pobreza. (Mis opiniones detalladas al respecto las he expresado en una entrega anterior: Economía Moral, La Jornada, 2/05/03.)

ENTRE LOS DIVERSOS TEMAS excluidos, hay uno que, por su importancia, quiero recordar hoy. En las iniciativas de la LGDS presentadas por Clara Brugada (Cámara de Diputados, 57 Legislatura) y después por Leticia Burgos (Cámara de Senadores, 58 Legislatura), ambas del PRD, se incluye un capítulo que regula las aportaciones federales a estados y municipios en materia social. Retoma la mayor parte del texto vigente del capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, lo transfiere a la LGDS y lo reforma radicalmente, para introducir criterios de equidad y eficiencia en la asignación de estos fondos (destinados a salud, educación e infraestructura social, básicamente) que en la actualidad se asignan con criterios inerciales y que tienden a agravar las diferencias entre los estados y municipios rezagados respecto al resto. Al quedar fuera de la LGDS la opción sería reformar la LCF. Al respecto, Burgos presentó una iniciativa de ley a principios de este año.

AUNQUE ES UN ASUNTO de interés más general, hay que recordar la tantas veces planteada autonomía del INEGI. La reacción reciente de desconfianza de la opinión pública ante la divulgación, 15 días antes de las elecciones de la ENIGH2002, que sirvió de base para que la Sedeso calculara la pobreza (y su supuesta disminución) hace urgente aprobar la autonomía del INEGI, lo que requiere reforma constitucional.

OTRO TEMA QUE la izquierda debe impulsar en la agenda legislativa social es la creación de la pensión universal para los adultos mayores y para los discapacitados. El senador Moreno Brizuela, del PRD, presentó al respecto una iniciativa de Ley de Previsión Social en abril pasado. Estas ideas se derivan del exitoso programa que ha puesto en marcha el Gobierno del Distrito Federal en la materia, que demuestra su viabilidad y su carácter justo. El enfoque, un programa universalista y no uno focalizado, muestra también que es posible una alternativa de izquierda en materia social.

LA REFORMA DEL CONGRESO es otro de los temas prioritarios de la agenda. El tema es muy amplio y sólo quiero tocar dos aspectos: el desarrollo de las capacidades intelectuales del Congreso y su papel en todo el proceso del gasto público, particularmente del social.

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