Jaime Martínez Veloz

Traición a la patria en Ensenada

Jorge Catalán Sosa, pusilánime y entreguista alcalde panista de Ensenada, fue balconeado por Sempra Energy, corporativo trasnacional que tiene ya casi en sus manos el monopolio del gas y la energía eléctrica de exportación en Baja California. Ese corporativo pretende instalar una gasera en territorio mexicano para atender desde aquí la demanda energética de California, cuya sola economía supera la de todo nuestro país.

Hace días, Sempra Energy informó de manera abierta que estaba en pláticas con Catalán Sosa para determinar la entrega del dinero solicitado. Con el pantalón abajo, el alcalde de marras admitió públicamente que en lo oscurito solicitó un "donativo" de 15 millones de dólares a Sempra. Agarrado en la maroma, pretendió defenderse: "... pedí para Ensenada, no para mí, que quede bien claro", lo que irremisiblemente nos recuerda la validez de una frase popular: "aclaración no pedida, culpabilidad manifiesta".

El cohecho privado a servidores públicos, como el anterior, demuestra de manera irrebatible la inmoralidad descarada de los funcionarios del PAN, quienes están dispuestos a todo con tal de entregar su alma al diablo. El precio de su alma y su conciencia no nos importa, pero sí nos preocupa la soberanía nacional.

Lo hecho, entre otros graves ilícitos, se llama traición a la patria. ƑTendrá el Congreso de Baja California la voluntad y capacidad moral para dar seguimiento, por la vía del juicio político, al abyecto proceder del alcalde? Aunque a decir verdad, Catalán en nada parece preocupado, porque ya anuncia de manera pública que se aprobará el cambio de uso de suelo que requiere la trasnacional para sus tanques gaseros, con los que servirá a California, la quinta economía más grande del mundo.

La solicitud de dinero a Sempra Energy no sólo es un serio ilícito (cohecho o soborno), sino que la acción del corporativo privado viola las normas obligadas que citan los artículos 27 y 28 de la Constitución mexicana. En cualquier lugar donde prevaleciera el estado de derecho, el susodicho, además de ser desaforado, ya estaría en la cárcel por pillo. ƑQuién le autorizó a andar de pedigüeño y servil ante los gringos? ƑQuién se lo pidió? ƑQué recibió a cambio?

Como en la llamada invasión "filibustera" de 1911, Baja California se encuentra de nuevo ante otra encrucijada semejante, pero con motivaciones distintas. En aquella ocasión el gran revolucionario Ricardo Flores Magón pretendió instaurar un sueño libertario-anarquista, apoyado por voluntarios extranjeros; ahora se intenta entregar el estado a la voracidad de corporativos, con el modelo depredador del dizque libre mercado.

La ofensiva corporativa por apropiarse de territorio mexicano para el proyecto energético trasnacional no tiene recato y carece de escrúpulos. Están dispuestos a todo. Y todo es todo: compra de conciencias, pago a plumas mercenarias, que en este estado se alquilan por coyuntura; acciones represivas, apoyos económicos para la realización de "estudios" (sic) que igual terminarán justificando el dichoso proyecto energético. Los daños serán irreparables.

Esperemos que organizaciones como Tijuana Trabaja, AC, entre otras cuasi-académicas, eviten prestarse a legitimar la imperialista política energética trasnacional. El análisis es sencillo: quienes se muestren receptivos o afines a estos proyectos, indudable e invariablemente ya fueron untados de dólares, como el panista Catalán. Pensar lo contrario es de ingenuos. Quien viola lo fundamental; viola lo secundario. Quienes no ven o reparan en que Sempra Energy estaría violando nuestra Carta Magna, tampoco podrán aceptar que hay una clara transgresión a otras normas de menor estatura jurídica, no por ello soslayables.

Hace semanas, el cabildo municipal aprobó denominar Heroica Tijuana a la ciudad en recuerdo de su resistencia a la invasión de 1911; ahora ni se inmuta ante el cinismo de funcionarios blanquiazules, colaboracionistas de los modernos filibusteros, éstos sí depredadores e imperialistas.

Es necesario y urgente redoblar esfuerzos para consolidar la movilización ciudadana y concretar una alianza política que en 2004 detenga a estos sátrapas y corruptos funcionarios apátridas, antes de que devasten el estado.