Horacio Labastida

Presidencialismo autoritario vs. Constitución

Aunque el reportaje de Israel Rodríguez en La Jornada del pasado martes (no. 6803) es sobrecogedor por sus graves implicaciones políticas, el asombro de tal información no alcanza grados nodulares, contubernios repugnantes, fraudes planetarios, burlas a las instituciones nacionales e internacionales y corrupciones perversas de toda índole, disfrazadas por supuesto con máscaras de honestidad y licitudes empresariales que esconden en su intimidad estafas sin medida de políticos y corporaciones entrelazadas con las decisiones que adopta el establishment estatal. Ejemplos de lo que sucede hoy abundan por doquier. Con acentuadas características consta lo que hacen en la Casa Blanca George W. Bush y la alta burocracia que lo rodea.

En nombre de la democracia y los derechos individuales, y con base en la ideología de la guerra preventiva o no preventiva contra el terrorismo, fundado exclusivamente en la fuerza de sus cañones y la enorme capacidad de destrucción masiva, busca instalar en el mundo una organización depredadora, totalitaria y avasallante de las naciones, inspirado en la necesidad de concentrar en el patrimonio de los señores del dinero que representa, recursos suficientes para el dominio de los demás y la máxima acumulación de capitales. La exhibición de tan terribles armas fue desplegada para atemorizar resistencias, en los despiadados bombardeos sobre Yugoslavia, Afganistán e Irak, sin que puedan ocultarse, por supuesto, las pingües riquezas y ventajas geopolíticas que los bombardeos significan para la hegemonía en juego.

De cara a esa capacidad aniquilante de Washington y al consiguiente adueñamiento de los elementos materiales y propagandísticos que acompañan a la actual globalización opresiva que angustia a la humanidad, qué podrían mostrar hechos aparentemente singulares, como la autorización de nuestro gobierno federal a compañías extranjeras e inclusive locales para explotar, distribuir y vender energía eléctrica o bien aprovechar en su beneficio petróleo y gas. Lo mínimo es en realidad gigantesco, porque tal autorización niega radicalmente principios constitucionales vigentes en nuestro país desde que la asamblea de 1917 los dejó consignados en el célebre artículo 27 de la Carta Magna, infracción que hoy, igual que ayer, expresa una profunda herida en los valores de la civilización.

Tan grave para la humanidad es que el gobierno estadunidense atropelle descaradamente el orden de Naciones Unidas, aduciendo mentiras y haciendo a un lado al Consejo de Seguridad, para desatar la guerra contra Irak, como que el gobierno mexicano transgreda la Constitución con el propósito de abrir las puertas a inversionistas que saqueen lo no mucho que queda de propiedad nacional. En uno y otro casos los resultados son funestos para los pueblos. Ahora Irak es país destruido y caótico, sujeto a administraciones arbitrarias orientadas a sujeciones cargadas de dinamita desoladora.

En México el hacer pedazos los mandamientos de la ley suprema por parte de sus gobiernos ha propiciado desde el lejano pasado ataques frontales contra la patria y su soberanía, con efectos bien conocidos entre masas desesperadas y famélicas. Pero los casos mencionados registran algo más turbio. Despedazar el derecho internacional como lo están haciendo los gobernantes estadunidenses lleva las cosas públicas a un laberinto sin salida para víctimas y victimarios.

Negar el estado de derecho en México por su propio aparato gubernamental causa en nuestra historia magnos desastres. No sólo la democracia se convierte en utopía en el sentido etimológico de la palabra, o sea, algo que no está en ninguna parte, sino en pestes que dañan al hombre al verse acorralado por despensas sin pan e indignidades repugnantes.

Ya lo hemos señalado y ahora lo repetimos para que se grave en la memoria. El santannismo nos cargó de infortunios; Porfirio Díaz condujo al capitalismo nacional y al bienestar colectivo hacia los naufragios que originaron los levantamientos de 1910, y los grandes burócratas posrevolucionarios a partir de Alvaro Obregón y hasta el presente, con la excepción notable de la administración cardenista, todos más o menos atropellaron y atropellan las normas constitucionales porque necesitan favorecer a núcleos acaudalados del extranjero, someterse a poderes políticos extraños, perseguir y encarcelar a quienes protestan y dañar sin remedio el bien común de las familias.

Quede claro, por favor. Ignorar y platear puntos esenciales de la Carta Magna por parte de las castas que manejan el gobierno provoca siempre consecuencias deplorables: la venta del país al extranjero y la arbitrariedad interna que origina empobrecimientos envilecedores. Toda esta tragedia está detrás de la privatización de nuestros recursos energéticos por el presidencialismo autoritario.