Una vez consolidados los resultados de las elecciones federales realizadas el domingo pasado es posible confirmar la severa derrota del gobernante Partido Acción Nacional, el cual pierde medio centenar de asientos en la Cámara de Diputados; el repunte del Revolucionario Institucional -que aumenta su bancada en 15 o 20 legisladores- y del Partido de la Revolución Democrática; debe destacarse también el triunfo arrollador obtenido por este último en la capital de la República, la reconquista de Nuevo León por el tricolor y su derrota frente al blanquiazul en San Luis Potosí. Adicionalmente, el electorado decidió prescindir de cinco pequeños partidos -México Posible, Alianza Social, Liberal Mexicano, Fuerza Ciudadana y Sociedad Nacionalista- que no lograron constituirse en alternativas políticas claras a ojos de la ciudadanía y no pudieron superar la barrera de 2 por ciento de los sufragios para conservar sus respectivos registros.

En lo inmediato, es urgente que partidos, instancias de gobierno y organismos electorales recuperen a los seis de cada diez electores que el domingo consideraron innecesaria la emisión de un voto y que expresaron, de esa forma, su hartazgo ante la insustancialidad y la frivolidad del conjunto de los actores políticos.

Por lo que hace a la perspectiva de los próximos tres años, es importante considerar que, con todo y los avances y retrocesos registrados por las tres principales fuerzas partidistas del país, la composición legislativa que configuran las elecciones de anteayer mantendrá en lo fundamental un Congreso sin mayoría, como ocurrió en la primera mitad del presente sexenio. De diciembre de 2000 a la fecha, ni el gobierno federal ni las dirigencias partidistas fueron capaces de concretar en una agenda las transformaciones requeridas por la nación; el Poder Legislativo ha actuado como contrapeso del Ejecutivo, pero también como un severo obstáculo para los avances nacionales.

Ejemplos de lo primero -el contrapeso- han sido la resistencia de la pasada legislatura a acceder a la privatización de la industria eléctrica y del sector energético en general que pretendía el gobierno; representativo de lo segundo -el obstáculo- fue la vergonzosa deformación que experimentó en ambas cámaras la iniciativa de ley de derechos y cultura indígena en los albores del periodo foxista.

Una condición necesaria para que los principales institutos políticos puedan negociar una agenda plausible de reformas es que recuperen sus respectivas identidades ideológicas, que pongan sobre la mesa y ante la sociedad sus plataformas, programas y principios. Es un hecho reconocido que los tres partidos mayoritarios -por no hablar de los otros- se han desdibujado gravemente de 2000 a la fecha, no sólo por el desconcierto que causó en sus dirigencias la derrota del PRI en julio de ese año, sino también por los reacomodos a que ha dado lugar el nuevo escenario. Por ello, y en aras de propiciar la gobernabilidad y dar fluidez a la vida pública, es necesario que Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática definan con claridad sus propuestas en los ámbitos político, económico, social, agrario, laboral y de relaciones exteriores, entre otros; los puntos en los cuales pueden ceder y lo que consideran irrenunciable.

En caso contrario, si partidos y candidatos persisten en su incapacidad para ofrecer algo más que gestos amables, colores atractivos y frases ingeniosas, los comicios federales de 2006 serán, en el menos malo de los casos, una repetición magnificada de desmotivación y desencanto ciudadano.