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México D.F. Jueves 26 de junio de 2003

Señala que si en 36 horas no suspende la transmisión de espots recurrirá a la Corte

El IFE lanza ultimátum al Presidente

Gobernación advierte que el Ejecutivo continuará promoviendo "la participación electoral"

MIREYA CUELLAR

Ante la "desmesura y el abuso" con que se conduce el presidente Vicente Fox frente a los comicios del próximo 6 de julio, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) le advirtió ayer que si en un plazo de 36 horas no retira sus promocionales llamando a votar, recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que determine, por la vía de la controversia constitucional, si el mandatario tiene facultades legales para inmiscuirse en asuntos electorales.

La discusión giró en torno a la carta que ayer por la mañana el secretario de Gobernación, Santiago Creel, le hizo llegar al presidente del IFE, José Woldenberg, en la cual señala que el Ejecutivo continuará promoviendo la participación electoral, con fundamento en "la disposición constitucional" de hacer cumplir las obligaciones de los ciudadanos. La respuesta inmediata de los partidos y consejeros fue que no existe una sola disposición en la Constitución -tanto así que Creel no cita con precisión alguna- que faculte al Ejecutivo para ello.

El representante del PAN ante el Consejo General, Rogelio Carbajal, invocó un convenio de colaboración signado entre el Ejecutivo y el IFE el 25 de junio de 2000, en el que el instituto le pedía colaboración para detener cualquier intento de inducción al voto. Abogado, el consejero Jaime Cárdenas le reviró que estaba pervirtiendo en su argumentación el sentido de aquel acuerdo y que, puesto que no hay pacto que pueda estar por encima de la Constitución, recurría a "trampillas de abogado chicanero" para defender lo jurídicamente indefendible.

El debate se centró en las facultades legales que el Ejecutivo dice tener para inmiscuirse en los asuntos electorales. Carbajal no pudo señalar un solo artículo de la Constitución que le otorgara dichas facultades, tampoco sostener el argumento de Santiago Creel de que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le permite promover la participación ciudadana, porque le recordaron que, aunque parezcan emparentadas, jurídicamente nada tienen que ver lo electoral y la participación ciudadana a la que se refiere dicha norma.

En larga sesión, 10 de los 11 partidos políticos que contenderán el 6 de julio le recordaron al Presidente y su partido, el PAN, que la historia de las reformas electorales en México es, en buena medida, la historia de la lucha por contar con autoridades electorales ajenas al interés del gobernante en turno y de su partido.

Pablo Gómez, representante del PRD ante el IFE, dijo que lo importante no es la transmisión de los espots; "el problema consiste en la persistente actitud del Presidente de violar la Constitución".

La propuesta de los partidos de oposición y de casi todos los consejeros fue en el sentido de dirigirse al jefe del Ejecutivo en tono enérgico y exigirle, ya no pedirle, que retire sus espots; sin embargo, se impuso el tono mesurado de José Woldenberg, quien planteó no perder el comedimiento, porque la labor de la autoridad electoral es "encontrar siempre cauces de solución" y pedir a Fox un "gesto de buena voluntad".

Desde la autoridad electoral, apuntó Woldenberg, "creemos que en virtud de que la misión del Presidente consiste en velar por el más auténtico interés nacional, colocándose no sólo a la distancia debida, sino por encima de la disputa electoral, al encabezar no sólo el gobierno, sino el Estado mexicano, la atenta invitación que le formulamos puede y debe tener plena acogida.

"Lo digo sin cortapisas, antes de avanzar en un diferendo requerimos un gesto de buena voluntad, una señal de plena imparcialidad, que anule las suspicacias y demuestre que el gobierno está empeñado en que este proceso electoral sea una renovada muestra de la madurez democrática de México".

Woldenberg habló de que todos los actores políticos hagan un "esfuerzo de moderación", y pidió al Ejecutivo que no obligue al IFE a ir ante la Corte para que decida "el derecho", pero también le advirtió que las instituciones del país no pueden "quedarse en la indefinición".

El órgano electoral, asumió el consejero presidente, no tiene instrumentos para obligar al Ejecutivo a suspender los espots, pero sí puede pedir a la Corte que decrete una suspensión temporal "del acto reclamado" -dicha transmisión-; sería "nuestro último recurso para aclarar de quién es la competencia de llamar al voto".

Se discutió ampliamente el hecho de que el IFE no se encuentra entre las instituciones a las que el artículo 105 de la Constitución señala como facultadas para presentar controversias. Sin embargo, como la misma Corte ya determinó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tiene atribuciones para hacer interpretaciones de la Constitución, al IFE no le resta más que explorar esa vía.

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