Presume que están vinculadas con el crimen organizado y narcotráfico

Investigarán PGR y PGJE de Chiapas 24 ejecuciones en la frontera sur desde 2001

ANGELES MARISCAL Y JESUS SAAVEDRA CORRESPONSALES

En coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría General de Justicia de Chiapas (PGJE), inició investigaciones de las 24 ejecuciones perpetradas desde 2001 en la frontera sur del estado, presuntamente por la delincuencia relacionada con el tráfico de drogas e indocumentados.

Para tal efecto ambas dependencias instalaron una oficina de enlace en Tapachula, la cual retomará las investigaciones de los 17 expedientes relacionados con los citados homicidios.

Durante el acto, el titular de la PGJE, Mariano Herrán Salvatti, dijo que existen evidencias de que en estas muertes están relacionados grupos de delincuencia organizada, versiones que fueron corroboradas por el delegado de la PGR en Chiapas, Martín Diego Salido Orcillo Campoy, y el subprocurador regional en la zona de la Costa, Gonzalo Mario Díaz Castellanos.

La PGJE y la PGR designaron a dos agentes del Ministerio Público del fuero común y de la Federación, los cuales trabajarán coordinados para lograr el esclarecimiento de estos homicidios ocurridos con características comunes: signos de tortura previa al homicidio, víctimas relacionadas con grupos delincuenciales y la participación de comandos armados.

Herrán Salvatti puntualizó que los 24 homicidios dolosos "han sido perpetrados con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y que los bienes con los que contaban las víctimas no son acordes con las percepciones salariales que tenían como producto de su actividad lícita".

Los fiscales encargados de las investigaciones podrán consultar los archivos de la Agencia Federal de Investigaciones en todos los estados e inclusive en el extranjero mediante la Interpol, donde hayan estado vinculadas las víctimas.

Asimismo, a solicitud de la Procuraduría General de Justicia de Morelos, su similar del estado de Guerrero aceptó aprehender a un ex comandante y tres comandantes de la Policía Judicial implicados en el homicidio y secuestro del ganadero morelense Guadalupe Serrato Barragán y su caporal Adán Pérez Rojo.

Eugenio Santiago Ramírez, agente del Ministerio Público del tercer distrito judicial con sede en Puente de Ixtla, Morelos, envió el 12 de mayo al fiscal guerrerense Jesús Ramírez Guerrero la solicitud para detener a Pedrix Luna Simón, Salvador Sánchez Loza, Esteban Parra Ríos y el ex jefe de grupo Oscar Arturo Hernández Roldán.

De acuerdo con la denuncia penal SC/3Ű/5359/97-08 que se interpuso en Morelos, el 27 de agosto de 1997 fueron detenidos en la caseta de cobro de Alpuyeca en la autopista del Sol, Barragán Serrato y Pérez Rojo; los presuntos secuestradores portaban uniformes de la Policía Judicial de acuerdo con versiones de los testigos.

La familia Barragán Serrato recibió días después llamadas de los plagiarios que les pidieron un millón de pesos por su liberación. Dos meses después, los cuerpos de ambas personas fueron encontrados en estado de putrefacción, quemados y con disparos de arma de fuego en la cabeza, en las inmediaciones del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla.

Las autoridades de Morelos confirman que el día del secuestro los comandantes estaban en ese estado realizando actividades de la Procuraduría de Guerrero.