México D.F. Domingo 18 de mayo de 2003
Acuerdo político, decisión
de la PGR de no seguir el caso
Gordillo y Jonguitud deben ser enjuiciados: disidentes
Presentarán recurso de inconformidad basado en
irregularidades cometidas por la fiscalía especial en el caso de
Núñez Acosta
CLAUDIA HERRERA BELTRAN
Los profesores que denunciaron a Elba Esther Gordillo
y a Carlos Jonguitud como presuntos culpables del asesinato del maestro
Misael Núñez Acosta anunciaron que van a agotar los recursos
legales a su alcance para dar marcha atrás a la decisión
de la PGR de no investigar a los ex dirigentes magisteriales.
Germán Aguilar, José González Figueroa
y Teodoro Palomino explicaron que la Fiscalía Especial para Movimientos
Sociales y Políticos del Pasado cometió irregularidades que
les servirán para presentar un recurso de inconformidad contra la
determinación de no ejercer acción penal en contra de la
secretaria general del PRI y de Jonguitud.
Mencionaron,
entre otras anomalías, el hecho de que la fiscalía no citó
a declarar a testigos clave en la investigación, no agotó
las diligencias necesarias ni dio oportunidad a los denunciantes de aportar
mayores pruebas para sustentar su acusación.
"Son irregularidades que hacen pensar que esta resolución
fue un acuerdo político por encima de la ley", explicó Palomino,
quien era uno de los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) cuando se perpetró la ejecución
de Nuñez Acosta.
El mentor fue asesinado el 30 de enero de 1981 cuando
salía de la escuela donde laboraba, en el pueblo Loma de Tulpetlac,
municipio de Ecatepec, estado de México.
Aguilar y González Figueroa indicaron que tanto
ellos como los actuales integrantes de la CNTE aportaron numerosas pruebas
de la supuesta autoría intelectual de Gordillo en este homicidio.
En los nueves meses que duró el proceso presentaron
varios testigos, entre ellos a la madre y al hermano de Núñez
Acosta, así como documentos y notas periodísticas que daban
cuenta de las amenazas de muerte que el mentor había recibido por
parte de enviados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE).
Sin embargo, refirieron que la fiscalía "no hizo
nada" con los elementos que aportaron los cinco denunciantes. Aunque llamó
a declarar a Jonguitud, la diligencia no se cumplió, con el argumento
de que el ex dirigente magisterial estaba enfermo. Tampoco citó
a una nueva comparecencia a Gordillo, una vez que en la anterior no respondió
el interrogatorio.
La otra omisión de la fiscalía, dijeron,
es que no llamó a declarar a Ramón Martínez Martín,
ex dirigente del SNTE, ni a Leonardo González Valera, secretario
general de la sección 36 del valle de México en la época
del homicidio. Tampoco solicitó a la Procuraduría del estado
de México el expediente del caso, no obstante que ahí constaban
las declaraciones de los autores materiales del crimen, señalando
que el SNTE les había pagado 300 mil pesos para que cometieran este
delito.
Palomino, quien además se queja de no haber recibido
notificación alguna de esta resolución, explicó que
los denunciantes ya no fueron convocados para que ampliaran sus declaraciones.
En torno a la decisión de la fiscalía de
declararse incompetente para investigar este caso y turnarlo a la PGR,
dijo que no tiene sustento, porque el asesinato de Núñez
Acosta no fue un delito del fuero común, sino de carácter
político.
Expuso que en aquella época los dirigentes del
SNTE se valían de pistoleros para reprimir al magisterio disidente,
y fue de esa forma como se ultimó a este profesor que militaba en
la CNTE. "Todos estos argumentos son engañifas legaloides para evadir
la responsabilidad histórica de Gordillo y Jonguitud en la represión
contra el magisterio disidente", afirmó el docente.
González Figueroa consideró que a partir
de esta resolución la credibilidad de la fiscalía se "derrumbó
y quedó claro que se trata de una instancia inútil que sólo
ha servido para lavar la cara a los represores del pasado".
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