A cambio, recibirán del gobierno estatal diversos apoyos económicos

Pactan lacandones tregua y suspensión de desalojos en la reserva de Montes Azules

Se analizará caso por caso la situación de los 42 asentamientos ubicados en la zona

ANGELES MARISCAL Y JUAN BALBOA CORRESPONSALES

Tuxtla Gutierrez, Chis., 7 de mayo. El gobierno estatal y dirigentes lacandones pactaron una tregua para no realizar desalojos de comunidades en la reserva de la biosfera de Montes Azules. Las autoridades se comprometieron a beneficiar a los integrantes de la etnia con diversos apoyos económicos y de desarrollo, entre ellos su participación en el Programa de Manejo de la Reserva Lacantún, mientras que los lacandones suspenderán sus intentos de expulsar de la región a otros grupos indígenas.

A partir de negociaciones realizadas en esta capital, que duraron casi cinco horas, los líderes lacandones aceptaron extender la tregua y se impidió que este miércoles iniciara la eliminación de poblados. Encabezaron las pláticas el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, y por parte de los lacandones David González Sansores Chanquin, Chambor Kin Chankin, Chankayon Yuc, Manuel Hernández Guzmán, Jerónimo Alvaro Zaragoza, Pedro Díaz Solís, Antonio Velasco Gutiérrez y Hugo Chambor Chambor.

Ante la exigencia de los lacandones en cuanto a un desalojo inmediato de quienes consideran "invasores" de la reserva, el titular del Ejecutivo estatal sostuvo que cada caso se atenderá "de acuerdo con su particularidad, y no se aplicarán medidas uniformes". El mandatario anunció que con este fin, una comisión integrada por representantes de los gobiernos estatal y federal realizará un diagnóstico sobre la situación que guarda cada uno de los asentamientos, y planteará "alternativas de tipo social, agrario, poblacional y de desarrollo, que permita detener el deterioro ambiental en la zona".

En este contexto, ambas partes acordaron analizar la situación que priva en los 42 asentamientos que se ubican en Montes Azules, para determinar cuáles son susceptibles de ser reubicados y los que tienen derechos de permanencia en el lugar.

Por su parte, en una minuta de acuerdo, los lacandones se desistieron de realizar cualquier acción que agrave la situación en Montes Azules, "priorizando los cauces legales y pacíficos para resolver las diferencias entre las comunidades de la región".

A cambio, los lacandones obtuvieron el compromiso de la administración de Pablo Salazar para otorgarles diversos apoyos de tipo económico y de desarrollo en poblados como San Javier, Lacanjá, Bethel, Frontera Corozal y Nueva Palestina, entre ellos la visita de una comisión de especialistas y académicos para analizar la participación de la comunidad lacandona en el Programa de Manejo de la Reserva Lacantún.

Asimismo, la administración estatal aseguró que celebrará una reunión "para verificar la situación del pago de derechos de paso por el tendido de la línea de transmisión eléctrica, en los terrenos ocupados por la comunidad Francisco León (...) y canalizar las demandas contra la Comisión Federal de Electricidad en torno a cobros desmedidos, lentitud de reparaciones e interrupciones del servicio".

Antes de la reunión, los líderes lacandones aseguraron que la Secretaría de la Reforma Agraria legalizó una propiedad privada de 250 hectáreas dentro de la reserva de la biosfera de Montes Azules, al particular no indígena Antonio Sánchez Méndez. Anunciaron que interpondrán un recurso de apelación ante el Tribunal Agrario, pues además de los 42 núcleos poblacionales asentados en la región, hay otras 24 propiedades en manos de particulares.

Pide ONG vigilancia

La organización ecologista Conservación Internacional solicitó a las autoridades federal y estatal que realicen patrullajes de vigilancia en la biosfera de Montes Azules para proteger los recursos naturales de la zona y se eviten enfrentamientos violentos entre indígenas lacandones y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

La organización no gubernamental sostuvo en un comunicado que si "el grave conflicto" no se resuelve "con prontitud y justicia", ocurrirá "una espiral de enfrentamientos violentos" en la selva Lacandona, que sólo podrá evitarse al revisar "con apego a la ley y respeto a los derechos humanos" la situación de los asentamientos irregulares en la región.