En las condiciones del mismo se establece que las instituciones podrán sustituir créditos

El convenio para auditar a bancos se contrapone a la ley del IPAB: ASF

Bajo ninguna circunstancia puede condicionar facultades de la Cámara de Diputados, dice

ROBERTO GARDUÑO

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró que el convenio para auditar a Banamex, Bancomer, Bital y Banorte, "bajo ninguna circunstancia puede condicionar las facultades constitucionales que tienen en la materia la Cámara de Diputados, su entidad superior de fiscalización y las autoridades competentes". No obstante, el documento que se encuentra en la mesa directiva se contrapone con lo dispuesto en el artículo quinto transitorio de la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Al examinar el acuerdo y lo que establece la legislación, se detecta una notable anomalía.

El artículo transitorio señala que el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados tomarán las medidas pertinentes para que las auditorías concluyan en un plazo máximo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta ley. Y en la medida que las operaciones del fondo sean auditadas, se procederá conforme a lo siguiente:

En caso de que la auditoría reporte irregularidades, se deslindarán las responsabilidades a que hubiere lugar y los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y económica. Una vez concluidas las auditorías, las instituciones correspondientes podrán optar por dar por terminados los contratos y cancelar las operaciones que mantenían con el fondo, para lo cual deberán regresar al mismo los títulos de crédito que éste hubiere emitido a su favor y a cambio el fondo les deberá devolver los derechos de cobro de la cartera objeto del Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

Reglas generales

Simultáneamente con lo anterior, el instituto otorgará una garantía o instrumento de pago que cubra los referidos derechos de cobro, en los términos y condiciones que se indiquen en las reglas generales que para el efecto emita la junta de gobierno del instituto. El IPAB deberá formular y hacer del conocimiento de los interesados las referidas reglas, a más tardar 30 días naturales después de que haya iniciado sus operaciones.

En caso de que durante las auditorías se detecten créditos ilegales, el instituto, mediante resolución de la junta de gobierno, podrá optar por rechazar y devolver los mismos a las instituciones, mismas que deberán designar otros activos por un monto equivalente al de los créditos devueltos a satisfacción del IPAB.

Cuando la ilegalidad del crédito sea atribuible a la administración de la institución de que se trate, ésta deberá absorber el costo de dicho crédito; al efecto, el instituto reducirá el monto de la garantía o instrumento de pago.

No obstante, el convenio establece las condiciones que deberán incluir las auditorías que se pretende realizar, y en ellas se observa que los bancos podrán sustituir créditos. Eso contraviene lo estipulado en la ley del IPAB que establece: "En caso de que la auditoría reporte irregularidades, se procederá inmediatamente a deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar y los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y económica".

Es decir, al existir en el convenio la posibilidad de sustituir créditos, los bancos no tendrían una devolución de cartera, por lo que el valor del pagaré del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) no se reduciría, sino que únicamente habría una sustitución de cartera. De esa forma, el convenio no tendría repercusiones económicas y mucho menos legales para los bancos.

Además, en el documento se establece que "en el convenio se pactará la metodología para la valuación y selección de créditos".

Eso implicaría a todas luces que no se revisarían todos los créditos.

Incluso se considera que la Auditoría Superior de la Federación retirará o sustituirá las observaciones vertidas en la Cuenta Pública de 2000 y 2001.

Finalmente, y como consecuencia de lo anterior, los 45 mil millones de pesos de operaciones de compra de cartera con todo e intereses moratorios, se perdonarían a los bancos.