López Obrador: disminuyen corrupción y abuso de autoridad en dependencias del GDF

Derechos humanos, "asunto de principios más allá del deber"

Improcedentes, la mayoría de las denuncias presentadas por la CDHDF: Alejandro Encinas

El ombudsman recibe quejas contra las autoridades sin investigar su validez: Bernardo Bátiz

ELIA BALTAZAR Y ANGEL BOLAÑOS

Ante la polémica que generó el informe del ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, afirmó que las autoridades locales no permitirán la violación de los derechos humanos en la ciudad, porque se trata de un asunto "de principios, que va más allá del deber".

Interrogado respecto del informe del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el jefe de Gobierno aseguró que cada vez son menos los casos de corrupción y abuso de autoridad, e inclusive en la Procuraduría General de Justicia del DF y en la Secretaría de Seguridad Pública "las cosas están cambiando", y se actúa "con profesionalismo y rectitud".

Por su parte, Alejandro Encinas, secretario de Gobierno del DF, afirmó que las autoridades locales están comprometidas con la defensa de los derechos humanos, y es su responsabilidad seguir atendiendo las quejas y recomendaciones que emita el ombudsman capitalino. Aseguró que el GDF ha aceptado la mayoría de las recomendaciones que ha enviado la CDHDF, y en los casos en que ha habido diferencias de criterio, éstas se han manifestado por escrito.

Expresó que el gobierno capitalino no regateará el cumplimiento de su responsabilidad en materia de derechos humanos, pero aclaró que la mayoría de las quejas presentadas por el ombudsman al GDF son improcedentes, por lo que consideró justo hacer una valoración correcta en la materia. Precisó que las quejas ante la CDHDF en ocasiones son un recurso de presión de internos de los reclusorios.

En el acto de entrega de patrullas y motocicletas para la Policía Judicial del DF, efectuado en el Zócalo, en presencia del procurador Bernardo Bátiz y el titular de esa corporación, Damián Canales, el jefe de Gobierno expresó su reconocimiento a los elementos judiciales y aseguró que, a pesar de las restricciones económicas, contarán con el presupuesto necesario para cumplir con sus funciones.

Informó que este año el presupuesto para esa área es de 15 mil millones de pesos, y destacó las acciones que de manera integral está poniendo en marcha el gobierno capitalino para atender el tema de la seguridad pública, de manera paralela al desarrollo social.

Sobre la preocupación planteada por Alvarez Icaza en su informe debido al aumento de los casos de detención arbitraria y la persistencia de hechos de tortura, el procurador Bátiz negó que estén ocurriendo situaciones graves de abuso de autoridad. La tortura, aseguró, es cosa del pasado, pues la confesión ante policías judiciales no tiene ningún valor jurídico.

Consideró que no son claras las quejas que recibe la CDHDF, "porque ellos reciben lo que sea; basta con que una persona llegue a quejarse y lo dan por hecho, no hacen ninguna investigación, y por tanto solamente suman las quejas (...); nos están sacando casos de hace diez años",
puntualizó.

Damián Canales señaló por su parte que "quienes se quejan de detención arbitraria son los delincuentes", que acuden a la CDHDF "para tratar de neutralizar a los policías que están investigando y evitar que hagan bien la puesta a disposición".

En entrevista aparte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Juan Luis González Alcántara Carrancá, consideró "muy fuerte" el señalamiento que hizo el ombudsman en su informe contra los jueces, por admitir sin cuestionar las declaraciones que los detenidos rinden ante el Ministerio Público.

Consideró sin embargo que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal debe señalar los casos concretos en que esto ha ocurrido.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard Casaubón, respondió algunos de los señalamientos de Alvarez Icaza relacionados con las iniciativas de reforma penal y sobre la ley de convivencia. Consideró que el ombudsman debe ser tolerante con quienes discrepan de su opinión. "Ojalá podamos llegar a acuerdos y si no, respetemos las posiciones de cada quien", puntualizó.