En mayo, resultados del proceso; muchos podrían ser inhabilitados: Hilda Abascal

Aperciben a 120 ex funcionarios en Michoacán por no declarar bienes

Ex trabajadores textileros piden a Cárdenas Batel que intervenga para que reciban liquidación

ERNESTO MARTINEZ ELORRIAGA CORRESPONSAL

Morelia, Mich., 18 de marzo. Por lo menos 120 ex funcionarios de la administración estatal anterior han sido apercibidos, y en algunos casos serán inhabilitados, por no haber presentado en tiempo y forma su declaración patrimonial, informó Rosa Hilda Abascal, titular de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del gobierno de Michoacán. Además indicó que la dependencia a su cargo evalúa a los funcionarios que integran la actual administración para determinar quiénes cumplen los requisitos para la prestación de servicios.

Abascal indicó que a principios de enero anterior la Contraloría estatal comenzó a citar a ex servidores públicos que no presentaron su declaración. Acotó que ese proceso continúa y que si bien "varios" funcionarios eventualmente declararon el monto de sus bienes luego de ser apercibidos, esto no los eximiría de la responsabilidad que se les fincó. "Estamos hablando de 120 o más ex funcionarios; estimo que en mayo podremos tener los resultados. Todavía no concluimos (la emisión de) los citatorios", destacó.

En ese sentido, Abascal abundó que los inhabilitados serían en su mayoría jefes de departamento y "algunos" titulares de dependencias. "Una vez concluido el proceso daremos a conocer la lista. La ley es muy clara en el caso de los ex servidores públicos, cuyas sanciones irían de uno a seis años (de inhabilitación para ocupar nuevamente puestos públicos), de acuerdo con el cargo que ocuparon. No es lo mismo un jefe de departamento que un ex subprocurador".

Puntualizó asimismo que las áreas donde más se presentaron irregularidades de este tipo fueron la Procuraduría General de Justicia del estado, las secretarías de Salud y de Educación.

Por otra parte, destacó que podrían ser cesados al menos 10 funcionarios de la actual administración que no declararon sus bienes en octubre pasado.

Por otra parte, ex empleadas de la empresa textilera T-Anna exigieron al gobernador Lázaro Cárdenas Batel que intervenga para que más de 420 trabajadoras reciban la liquidación que se les adeuda, para lo cual se fijó un plazo que venció el viernes anterior.

Al concluir una ceremonia por el 65 aniversario de la expropiación petrolera, un grupo de trabajadoras de la empresa ubicada en el municipio de Zinapécuaro, encabezadas por su asesor jurídico, Carlos Humberto Fernández, dijeron al mandatario que se les adeudan 7 millones de pesos por concepto de liquidación.

A su vez, Fernández dijo que al momento se han pagado 5 millones de pesos a 320 ex trabajadoras de la compañía, la cual fue propiedad de inversionistas coreanos que defraudaron a la administración que encabezó el ahora ex gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí, quien además de donarles los terrenos para la factoría les proporcionó un crédito que nunca pagaron, y dejaron en quiebra a esta fuente de trabajo.

Ante la situación, el gobierno del estado entregó la empresa a las trabajadoras, quienes la vendieron en 12 millones de pesos a Gerardo Gaytán, el cual se comprometió a pagar las liquidaciones en un plazo no mayor a un año, lo que no ha ocurrido.