El apoyo a afectados por delitos no debe significar una carga para el erario, afirma

Los vetos del jefe de Gobierno pretenden que no se reduzca el presupuesto: Bátiz

La PGJDF, dispuesta a discutir sobre las observaciones a la Ley de Atención a Víctimas

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Bernardo Bátiz Vázquez, afirmó que las observaciones que hizo el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, a la Ley de Atención y Apoyo a Víctimas del Delito para el DF, tienen como objetivo evitar la creación de un aparato burocrático costoso que disminuya el presupuesto que podría utilizarse en otros rubros en los que se podría apoyar mejor a las víctimas en la reparación del daño.

El funcionario consideró que el sistema de apoyo a las víctimas, que prevé la creación del Fondo para la Reparación del Daño a las Víctimas del Delito (como lo señala el nuevo Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 41) de ninguna manera debe significar una carga para el erario.

Esta ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el pasado 26 de diciembre, durante el periodo de sesiones ordinarias, y no había sido publicada en la Gaceta Oficial del DF. El Ejecutivo local le hizo observaciones y la devolvió la semana pasada al órgano legislativo.

Bátiz consideró que los razonamientos expuestos al hacer el veto a dicha legislación abrirán la puerta a una discusión sobre el tema, y aseguró que la dependencia está dispuesta a tomar parte en ella.

Otra de las observaciones que se hicieron a la ALDF, explicó, es sobre el riesgo de que cuestiones de carácter penal, que son de interés social, se conviertan en litigios de particulares, al surgir despachos de abogados que se dedican a buscar a las víctimas de los delitos para litigar, cobrando cantidades elevadas, ante la instancia que se preveía crear para manejar dichos fondos.

Recordó que la PGJDF, por conducto de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, que dirige Bárbara Yllan Rondero, cuenta con un equipo de abogados que negocian de manera gratuita con los responsables de algún hecho o percance en favor de las víctimas, para que les sea reparado el daño que les fue ocasionado.

Cifras de la dependencia refieren que tan sólo el año pasado, la dependencia obtuvo 25 millones de pesos para el pago de reparación del daño a víctimas, independientemente de los beneficios que por otras vías ha logrado, para resarcir el daño que los agresores ocasionaron a su víctima, como terapias sicológicas o atención médica especializada.

El Código Penal establece que el importe de las multas y sanciones económicas que impongan los jueces deben destinarse preferentemente a la reparación del daño, y en caso de que éste no sea reclamado, debe destinarse al fondo.