Difunden por Internet la "terminología
apropiada" para nombrar a los grupos armados
El plan federal para Chiapas abunda en operaciones
de contrainsurgencia
Plantea, con medios de comunicación afines, contrarrestar
la influencia del EZLN
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
San Cristobal de Las Casas, Chis., 1º de febrero.
El plan que ha regido las acciones gubernamentales durante los meses
recientes, en relación con el conflicto chiapaneco, sólo
da valor declarativo a la posibilidad de una negociación para la
paz con los indígenas rebeldes.
El Plan de Acción se desarrolla a partir del diagnóstico
presentado en septiembre pasado por el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) y el Grupo Chiapas (instancia interinstitucional que conduce la
política del foxismo en esta materia). Diversos actos de gobierno
muestran a partir de entonces la impronta del plan, que busca coordinar
y unificar las instituciones federales y del gobierno estatal, para "evitar
dispersiones". El caso más elocuente fue el plan de desalojo de
comunidades en Montes Azules este diciembre. Al pie de la letra.
Dividido en cuatro vertientes (política, social,
de comunicación social y jurídica y de seguridad), el plan
gubernamental abunda en accciones de contrainsurgencia que se niegan a
decir su nombre: "debilitar" a las bases del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN) y realizar inversión social
incluso a la fuerza. El gobierno federal muestra más temor en toparse
con los zapatistas en el camino que en cumplir acuerdos. No se piensa en
paz, sino en "contensión".
Acciones de obstaculización por parte de los
zapatistas
Aun en la vertiente "social" del plan se contempla que
"en caso de que durante la aplicación de los programas se intenten
acciones de obstaculización por parte de los zapatistas, los representantes
de la comunidad u organización afectada podrán recurrir al
apoyo del gobierno para solicitar la presencia de las fuerzas de seguridad"
(que el documento precisa son Sedena, las procuradurías estatal
y general de la República y la Secretaría de Seguridad Pública).
Con base en criterios un tanto oscuros, el plan gubernamental
considera como municipios con "escasa presencia zapatista" a Chenalhó
y San Andrés Larráinzar (además de sus híbridos
Santiago el Pinar y Aldama, creados por el ex gobernador Roberto Albores),
junto con Pantelhó Simojovel y otros.
Los
municipios donde "los problemas son más agudos y el EZLN ejerce
mayor presión son Ocosingo, Altamirano, Palenque, El Bosque, Chilón,
Yajalón y Tila". En relación con Las Margaritas, "donde se
localiza el Aguscalientes I", el documento identifica comunidades
circundantes "donde es factible explorar acercamientos con la población
y eventualmente ofrecer apoyos gubernamentales" (La Esperanza, Poza Rica,
San José del Río, "incluso Guadalupe Tepeyac"). El plan recomienda
dejar claro que "los apoyos son sin distinción partidista".
Tan es así, que en la vertiente política
del plan se considera la gestión personal del gobernador de Chiapas
ante la dirigencia y los líderes locales del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) para participar en la "coalición de apoyo"
de estas políticas, donde ya se cuenta con la anuencia de los partidos
Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).
Parte del plan gubernamental que hasta ahora no se ha
aplicado consiste en organizar "caravanas" institucionales para llevar
los materiales y efectuar las obras. Serían "acompañadas
por periodistas y comunicadores para que comprueben cualquier posible hostigamiento
de los zapatistas".
Si en un primer momento, se agrega, "la ayuda no puede
llegar por la oposición del EZLN, habrá que difundir el suceso",
y en un segundo intento convertir las "caravanas" en "convoyes" que sean
"protegidos por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP)
y la seguridad pública estatal y municipal". Estas caravanas tendrían,
entre otras "ventajas", dar "amplia difusión para evidenciar al
grupo armado", así como debilitar a sus bases de apoyo, "enfatizando
que el objetivo es el desarrollo social".
"Demandas legítimas"
Un leit motiv declarativo del plan consiste en
"reiterar ante la opinión pública que el gobierno de la República
considera al EZLN una organización social que reivindica demandas
legítimas".
La vertiente de comunicación social tiene como
objetivo específico "convencer a los dueños y principales
comunicadores de televisión y radio, para que difundan versiones
equilibradas sobre el conflicto en Chiapas". Esto, a partir del objetivo
general de "generar una corriente de opinión pública mayoritariamente
favorable a la estrategia gubernamental de atención al conflicto".
Otro objetivo de comunicación social del plan de
acción es "contrarrestar la escalada de acusaciones contra las autoridades
gubernamentales provenientes de las organizaciones afines al EZLN, mediante
una clarificación de las causas reales de cada conflicto en la zona".
Con énfasis se manifiesta la necesidad de "explicar
que no existen grupos paramilitares", y se instrumenta una página
de Internet para contrarrestar "los conflictos principales difundidos como
'agresiones' en su contra por parte del EZLN".
De este modo, el gobierno difunde por Internet "y a través
de comunicadores afines", la "terminología apropiada" para nombrar
a los grupos armados en la entidad. Propone el léxico siguiente:
"delincuencia común; crimen organizado y narcotráfico; grupos
que recurren a la violencia para resolver problemas inter o intracomunitarios;
grupos para protección; el EZLN y sus bases de apoyo (sic 'armado'),
y grupos contrainsurgentes o de choque". Esto, con el fin de "minimizar
el uso indiscriminado de la palabra 'paramilitar'".
"Conflictos intercomunitarios"
Por último, la vertiente jurídica y de seguridad
se plantea "restablecer el estado de derecho en la zona de influencia del
EZLN y evitar conflictos intercomunitarios", para lo cual se plantea "frenar
las acciones ilegales que realizan los denominados municipios autónomos
zapatistas". Asimismo, "controlar la presencia de extranjeros en las zonas
con influencia zapatista y suspender permisos migratorios a personas que
realicen actividades no especificadas en su forma migratoria". El plan
de acción para el Grupo Chiapas incluye un escueto mapa con los
nuevos puntos de control migratorio.
Para las acciones jurídicas y de seguridad, el
plan cuenta con que el Ejército federal y los cuerpos policiacos
solicitarán "el acompañamiento de Ministerio Público
del fuero común y federal, representantes de las comisiones estatal
y nacional de derechos humanos y medios de comunicación para evitar
que las organizaciones no gubernamentales y el grupo armado tergiversen
la actuación gubernamental". Parte de esta preocupación exige
"valorar el riesgo que implican los operativos ante la posibilidad
de agresiones y actos de provocación (bloqueos de mujeres, niños
y ancianos)".
Con la intención de "desactivar a grupos civiles
armados", el plan del gobierno considera "acelerar las líneas de
investigación sobre el tráfico de armas en la zona limítrofe
con Guatemala y su posible vinculación con integrantes del EZLN".