Mientras el mundo campesino se une y moviliza pasando por sobre las afiliaciones e ideologías, y reúne desde El Barzón hasta la Confederación Nacional Campesina, desde UNORCA hasta la UCIZONI itsmeña y el Congreso Nacional Indígena, el gobierno se obstina en mantener su sordera ante los reclamos mientras sostiene, contra toda evidencia, las supuestas bondades del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Ni lerda ni perezosa la embajada de Estados Unidos interviene por su parte ante las autoridades para manifestar su inquietud ante la movilización campesina y exhortar al gobierno mexicano a no ceder: o sea, actúa abiertamente en la política mexicana, como siempre, en favor de las trasnacionales estadunidenses y de la política de subvenciones masivas a los farmers aplicada por la Casa Blanca en abierta violación de la letra del TLCAN. De modo que la movilización del campo no plantea solamente un problema nacional urgente sino que también tiene repercusiones internacionales.

Pero el campo no recibe del gobierno ni respuestas ni medidas paliativas de la grave situación actual en que se debate. Los campesinos describen los daños resultantes del dumping estadunidense y de la violación de las cuotas de importación fijadas por el TLCAN, y el gobierno responde diciendo que éste es, globalmente, positivo, incluso magnífico para México.

Los campesinos se quejan de la falta de compensación gubernamental de las subvenciones que reciben los productos importados, y sobre eso reina el silencio oficial. Ellos sostienen que carecen de crédito y tampoco se les responde mientras que la principal fuente de ingreso de cientos de miles de pequeños propietarios agrícolas -los indígenas productores de café- ha desaparecido. Ven crecer la pobreza y la emigración, y reciben del gobierno no apoyo sino consejos sanitarios y botiquines de primeros auxilios para emigrar y tratar de sobrevivir en el desierto.

Claman por ayuda, exigen discutir sus problemas, y las autoridades creen que pueden seguir ganando tiempo y mirando para otro lado diciendo que el campo tendrá un blindaje suficiente y que defenderán los intereses de los campesinos con los instrumentos del TLCAN, que hasta ahora han sido inocuos y no han evitado que dichos intereses fuesen lesionados.

La alianza de organizaciones campesinas ha presentado reivindicaciones concretas: la peor política es ignorarlas, y una política sabia sería discutir su factibilidad ante el país, con urgencia y sin intentar dividir por partidos a los campesinos. Si se quiere evitar la contaminación de las movilizaciones campesinas por intereses electorales de diferentes partidos, no se puede dejar de tener en cuenta el pluralismo del movimiento y su unión en torno a puntos concretos, cuya importancia puede ser ponderada y cuantificada. No es posible fingir que no hay una crisis en el campo: hay que enfrentarla, discutir con los campesinos, buscar el modo de aliviar su suerte, crear las condiciones para obtener con ellos la construcción de nuevos instrumentos políticos que, además de reducir la intolerable pobreza en las zonas rurales, aseguren a México lo esencial, o sea, su soberanía alimentaria.