La escandalosa descomposición imperante en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), exhibida por las sucesivas intervenciones del Ejército en las instalaciones de esa dependencia en Tijuana, Baja California (el pasado sábado 11), y Tapachula, Chiapas (ayer), y por lo que parece un desmantelamiento --oficialmente denominado "reconstrucción"-- de la oficina antidrogas de la Procuraduría General de la República (PGR), confirman la completa inoperancia de la estrategia gubernamental en materia de combate al narcotráfico, al consumo de estupefacientes y al problema social que representan las adicciones.

La dimensión de los operativos divulgados ayer obligan a pensar que la FEADS ha llegado a un nivel tal de corrupción y de infiltración por parte de las organizaciones delictivas que se ha convertido ya no en un obstáculo a los cárteles, sino en un instrumento a su servicio. Ahora se hace evidente que, de frontera a frontera --de Tijuana a Tapachula--, los militares investigan a los elementos asignados a la oficina antidrogas de la PGR. Un indicador adicional en este sentido es que, al mismo ritmo al que allana locales de la FEADS, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incrementa los decomisos de mariguana en diversos puntos del territorio nacional.

El país se enfrenta así a una exasperante repetición del pasado. La entidad antecesora de la FEADS, el Instituto Nacional de Combate a las Drogas, hubo de ser desmantelado y reconstituido luego que su director general, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, fue acusado de connivencia con importantes capos del narcotráfico.

En esta situación, y con el antecedente referido, es preciso repetir que la lógica misma de la prohibición y de la persecución del tráfico de estupefacientes, en un contexto de adoración de las leyes del mercado, lleva inexorablemente a la degradación de las dependencias y autoridades encargadas de reprimir el trasiego de sustancias ilícitas y, a la larga, a la descomposición de las instancias estatales en general. La interdicción misma de las drogas otorga a quienes las producen, transportan y comercializan, un poder de cooptación y de soborno del narco siempre superior a los recursos públicos destinados a perseguir esa actividad.

Cuando los delincuentes penetran a las corporaciones policiales locales, las federales llegan a poner orden, pero terminan sucumbiendo, a su vez, al poder económico de las mafias de la droga; se recurre entonces a las Fuerzas Armadas para que persigan y encarcelen a los corruptos y tomen en sus manos el combate al narcotráfico. De esa forma, se expone a las instituciones castrenses, en forma por demás torpe e irresponsable, y a contrapelo del mandato constitucional, a la descomposición y la infiltración. Y después, ¿qué institución va a encargarse de cercar y allanar los cuarteles de las Fuerzas Armadas?

Con esta aterradora perspectiva en mente, debe reiterarse la urgencia de revisar y reformular la actual estrategia contra las drogas. La grave circunstancia actual debiera ser aprovechada para ir más allá de los procesos de saneamiento institucional y afrontar el problema de una vez por todas: las adicciones son un problema social, familiar, educativo y médico, pero el narcotráfico --con su cauda de violencia, desintegración social, corrupción y desgaste institucional-- es un fenómeno de escala muy diferente, generado no por los consumidores de drogas, sino por su prohibición. Es necesario, en consecuencia, considerar la despenalización de las drogas y el fortalecimiento de las estrategias no policiales orientadas a abatir los casos de dependencia.