Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Viernes 17 de enero de 2003
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Política

Los diputados establecerían el salario mínimo

Propondrá PRD ampliar facultades de legisladores

RENATO DAVALOS

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) promoverá en la nueva legislatura que se integrará a partir de las elecciones del 6 de julio la ampliación de facultades al Congreso, la consagración de los derechos indígenas en la Constitución y un programa de reactivación económica que promueva el ahorro y oriente la actividad productiva al mercado interno.

Entre los ofrecimientos que el partido del sol azteca hará a la ciudadanía frente a esos comicios en los que se renovará la Cámara de Diputados, también se encuentra la creación de un tribunal constitucional que solucione las controversias por la expedición de leyes, según establece la plataforma legislativa del PRD para los próximos tres años.

También, los perredistas promoverán la expedición de una nueva Ley de Radio y Televisión que evite la monopolización y diversifique las manifestaciones culturales.

Una intención primordial, señala la plataforma, radica en el rompimiento con el programa neoliberal aplicado en el país durante los pasados 20 años, que sólo se ha traducido en pobreza y desigualdad y que hoy extiende el gobierno panista.

El programa de reactivación económica que propone el PRD abarcaría una reforma hacendaria que promueva el ahorro nacional, la inversión y el empleo, que garantice el crecimiento de la economía, resuelva la crisis agrícola y atienda al sector social. En este último entorno se propondrían enmiendas para asegurar jubilaciones dignas y se otorgaría pensión alimenticia a las personas mayores de 70 años, entre otros.

Para el Congreso, los perredistas plantean que este poder de la Unión esté abierto al menos nueve meses del año, que los legisladores tengan la facultad de interpelar a los miembros del gabinete, derecho de citar a comparecer a cualquier persona, capacidad para investigar áreas de la administración pública y que los recortes presupuestales mayores a uno por ciento del total y de tres por ciento en cada ramo, sean aprobados por el Congreso.

Además, los integrantes del gabinete serían ratificados por el Senado y el presupuesto tendría que entregarse dos meses antes de la fecha de discusión. En torno al Instituto Federal Electoral se establece que se le otorgarían facultades para investigar a los partidos y sus finanzas, incluyendo reportes bancarios y fiscales.

Paralelamente se buscaría que la banca recuperase su naturaleza de servicio público. El modelo industrial, volcado a las exportaciones, sería sustituido por otro basado en el mercado interno.

En el ámbito social, sería la Cámara de Diputados la instancia encargada de establecer los salarios mínimos, se iniciaría el rescate del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y la Cámara de Diputados desarrollaría subsidios universales en la lucha contra la pobreza.

En materia de política exterior se plantearía una estrategia que respondiera a los objetivos del país y no a los intereses del presidente de la República en turno, basada en los principios constitucionales, el multilateralismo activo, sin subordinación a nación alguna y se obligaría al Ejecutivo a dar acceso a la Cámara de Diputados de los textos preparatorios y definitivos de cualquier acuerdo que pretenda firmarse.

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