Ana de Ita
La caída de los subsidios agrícolas
Desde el primer minuto del año 2003 inició una segunda jornada de movilizaciones campesinas en diferentes puntos del país. Allí se condensaron el malestar acumulado por la caída del ingreso rural, la competencia desleal en contra de importaciones subsidiadas y el abandono estatal de sus responsabilidades redistributivas y asistenciales.
El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) sometió a los agricultores mexicanos, sobre todo aquellos dedicados a la producción de maíz, trigo, sorgo, frijol, arroz, soya, productos forestales e inclusive de productos tropicales como caña de azúcar, piña, algodón, a una competencia despiadada. Lejos de facilitar la modernización del sector esta disputa por los mercados nacionales ha provocado su hundimiento. En la pelea con las agroindustrias estadounidenses los campesinos mexicanos vieron como, en lugar de tener el apoyo de su gobierno, éste los abandonaba a su suerte.
Mientras que Estados Unidos incrementaba los apoyos a las grandes agrocorporaciones, los subsidios a los productores en México se achicaron. Según cálculos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) representaron el 33.2 por ciento del ingreso de los productores entre 1990 y 1994, para sólo aportar el 13.2 por ciento entre 1995 y 2001. En tanto los países de la OCDE apoyaron a sus agricultores con el 37 por ciento de su ingreso. México es el país de la OCDE que otorga menos subsidios por unidad de producción.
Los subsidios a los productores que antes del TLCAN se canalizaban principalmente a través de los precios de garantía, a partir de 1994 se transformaron en subsidios directos o Procampo. Desde 1995 comenzó a operar un programa de apoyos a la comercialización y a partir de 1996 el programa Alianza para el Campo. Los apoyos otorgados a través de estos tres programas, representaron en el año 2002 una reducción del monto de subsidios del 57 por ciento respecto a los otorgados a través de los precios de garantía en 1993.
Estas cifras generales se concretan en el campo a través de una inequitativa y concentradora distribución del ingreso. Así, 47 por ciento de los subsidios de Procampo se destina a 2.8 millones de productores que poseen parcelas menores a cinco hectáreas, mientras que sólo 360 mil productores con parcelas mayores a cinco hectáreas reciben el restante 43 por ciento de los recursos financieros. Entre los productores mayores de cinco hectáreas existen profundas diferencias: para el año 2002 un productor tiene derecho a recibir apoyo de Procampo hasta por 100 hectáreas.
Los subsidios a la comercialización representan una porción cada vez más importante del precio, pero a diferencia de los subsidios incluidos en los precios de garantía, a los que cualquier productor que acudiera al mercado tenía derecho, estos apoyos se destinan a regiones de producción excedentarias y muchos campesinos no tienen acceso a ellos. En 2001 apoyaron 65 por ciento de la producción de trigo y sorgo y únicamente 31 por ciento de maíz. El resto de la producción no contó con este subsidio. El frijol no cuenta con apoyos para su comercialización.
Los pagos a la comercialización focalizados han sido un instrumento para paliar el descontento campesino en las regiones donde los productores están mejor organizados para la venta de sus cosechas. Buena parte de estos subsidios los absorben grandes productores de zonas excedentarias, en tanto los pequeños productores de subsistencia, que en algún momento del año venderán parte de su cosecha, no tienen ningún apoyo. Los programas de pignoración, subsidios al cabotaje, transporte terrestre y exportación de maíz de Sinaloa, son captados mayormente por las comercializadoras privadas y transnacionales.
Una buena parte de los raquíticos y devaluados subsidios se destinan a agentes económicos fuertes y a productores empresariales, mientras los campesinos reciben ridículas cantidades por su trabajo. Pese a ello, los maiceros de temporal lograron aumentar la producción en 2.4 millones de toneladas y alcanzaron una producción récord en 2001.
Con estas cifras, que expresan sólo un pedazo de la realidad a la que se enfrentan cotidianamente los campesinos, a quién le extraña que reciban el año movilizados y que afirmen que el campo no aguanta más.
