Yucatán

Legisladores apoyan a magistrados en petición al Senado

LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 11 de diciembre. Diputados locales del PRI, PAN y PRD respaldaron a los cinco magistrados del Poder Judicial yucateco que solicitaron al Senado de la República que intervenga para "frenar" la campaña difamatoria que, a decir de los miembros del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), ha puesto en marcha el gobernador Patricio Patrón Laviada, quien calificó a los togados de "corruptos".

A su vez, el mandatario -quien actualmente se encuentra en Tampa, Florida, con motivo de la Reunión de Gobernadores del Golfo- consideró difamatoria la exposición que los jueces hicieron ante los senadores Diego Fernández de Cevallos, Enrique Jackson Ramírez, Jesús Ortega Martínez y Olga Lovera, de PAN, PRI, PRD y PVEM, respectivamente. Además, Patrón Laviada sostuvo que los integrantes del TSJE apelaron al Senado, pues "tienen miedo de algo".

En un comunicado que difundió la administración estatal, Patrón Laviada calificó de "falsa" la versión que manejaron los magistrados, en el sentido de que son "víctimas de represión". Asimismo rechazó que pretenda liberar a Armando Medina Millet, sentenciado a 20 años de prisión por asesinar en 1995 a su esposa Flora Ileana Abraham Mafud, caso que derivó en una polémica por la cual se imputó a los miembros del TSJE actuar con parcialidad contra el recluso.

En tanto, los legisladores locales aprobaron que los magistrados yucatecos pidieran al Senado detener la supuesta campaña del gobierno estatal en su contra. Ricardo Gutiérrez López, líder de la fracción panista, consideró en entrevista que los integrantes del Poder Judicial tienen derecho a defenderse "de lo que ellos crean que es injusto".

Jorge Vallejo Buenfil, coordinador de la bancada perredista, aseguró por su parte que debe cuidarse el equilibrio entre los poderes, y que éstos "no queden resquebrajados por actitudes particulares" de Patricio Patrón.

En tanto, Cleominio Zoreda Novelo, dirigente del Revolucionario Institucional en el Congreso de Yucatán, afirmó que Patrón Laviada pretendió "armar una campaña de desprestigio" contra el TSJE "por querer excarcelar a su amigo" Medina Millet.

En otro orden, el secretario general de Gobierno, Pedro Rivas Gutiérrez, sostuvo que "no hay ningún conflicto de poderes" en la entidad, pues "ninguno trata de invadir las facultades de otro". No obstante, indicó que "sí prevalecen ciertas diferencias de opiniones y de interpretación de las leyes" en torno al caso de Medina Millet.

En otro contexto, el oficial mayor de Gobierno, Raúl Arceo Alonzo, desmintió a los legisladores locales priístas, quienes sostuvieron que los funcionarios panistas pretendían elevar sus sueldos a 100 mil pesos mensuales en 2003.

El funcionario Arceo Alonso fue entrevistado en el palacio de gobierno y comentó: "Todo es una artimaña de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, quienes fueron los que soñaron con elevar sus dietas y cobrar 60 mil pesos mensuales".