Siguen las detenciones ilegales, tortura y desapariciones, señala el sacerdote
Falta a México política de Estado en materia de derechos humanos, afirma Miguel Concha
VICTOR BALLINAS
El padre Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, manifestó que a pesar del desarrollo de una cultura de los derechos humanos en el país, lograda sobre todo por la acción de los organismos no gubernamentales, que los defienden y promueven, y a la denuncia de las violaciones por parte de algunos medios de comunicación, sobre todo impresos, hoy las garantías individuales son violadas como antaño.
Todavía, aseveró, se siguen registrando detenciones ilegales, torturas, tratos crueles o degradantes, desapariciones y dilaciones en la procuración de justicia, y "a diario se violan os derechos económicos, sociales y culturales de millones de mexicanos.
El padre Concha expuso que la impunidad sigue reinando en el caso de las desapariciones y ejecuciones ocurridas durante la guerra sucia en la década de los setenta y primera mitad de los ochenta, y no se ha logrado establecer del todo y llevar ante la justicia a los principales responsables de matanzas como las de Aguas Blancas, Acteal y El Charco.
Además, añadió, muchos defensores de los derechos humanos -particularmente del interior de la República-, indígenas, estudiantes, obreros, campesinos y periodistas ven frecuentemente violentado su derecho a defender las garantías individuales, mediante amenazas, intimidaciones, falsas acusaciones, difamaciones, persecuciones y agresiones.
Experto en el tema, el padre Concha señaló que no obstante los esfuerzos del gobierno federal por presentar ante el extranjero otra imagen, respetuosa de los derechos humanos, y la ratificación por parte del Senado de la República de algunos instrumentos internacionales que los reconocen y promueven, en México no se ha podido establecer una verdadera política de Estado en la materia, a pesar de la reciente creación en la Secretaría de Gobernación de la Unidad de Derechos Humanos, y la convocatoria a un diálogo nacional sobre el tema para elaborar una agenda de acciones inmediatas.
Arturo Requesens, abogado de la organización Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, sostuvo que la tortura en México, a pesar de estar penalizada, sigue siendo una práctica frecuente para inculpar u obtener confesiones.
Recordó que fue en 1991 cuando el Congreso de la Unión realizó reformas y tipificó el delito de tortura, pero en los estados apenas empieza a legislarse al respecto. Puntualizó que la definición de tortura es diferente en los códigos federal y de los estados, además de que no cumplen con los estándares internacionales.
Juan Antonio Vega, secretario técnico de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, dijo que el presidente Vicente Fox utiliza de manera pragmática el discurso de derechos humanos para mantener la gobernabilidad, pero no se ven acciones tendentes a realizar cambios estructurales.
En su intervención refirió que la libertad de expresión está en este momento tan presionada en los reporteros de La Jornada y de El Universal, y a ellos los abarca la protección de defensores de derechos humanos, puesto que sus actividades tienen que ver con la difusión y protección de las garantías individuales.
