El peronista Adolfo Rodríguez Saá encabeza las encuestas para las presidenciales de 2003
Bloqueos y movilizaciones en Argentina; ahorristas exigen fin del corralón
Alfonso Prat Gay, nuevo director del Banco Central Llaman a paro nacional el día 20
STELLA CALLONI
Buenos Aires, 9 de diciembre. Cortes de calles, manifestaciones de desocupados exigiendo alimentos frente a los grandes supermercados, así como el retorno de los ahorristas a la protestaexigiendo la devolución de lo que queda en el corralón bancario (depósitos y plazos fijos) en dólares, muestran la gran efervescencia social que se vive en Argentina, en vísperas del aniversario de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre.
En este escenario, la renuncia del presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli -cuyos desencuentros con el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y en ocasiones con el presidente, Eduardo Duhalde-, no parece que pueda alterar la situación.
Pignanelli -que fue remplazado hoy por Alfonso Prat Gay, ex economista de la banca de inversión J.P. Morgan- no estaba de acuerdo con la forma de negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el cual algunos lo acusaban de sostener un diálogo paralelo. A diferencia de Lavagna, estaba en favor de utilizar las reservas para el pago de deudas, cuando el gobierno ha hablado de mantener un mínimo de las mismas.
Pero las próximas semanas estarán centradas en la grave situación social y también en las interminables elecciones internas del justicialismo gobernante (peronismo) y los vaivenes electorales en vista a los comicios presidenciales de abril, mientras los sondeos de opinión siguen ubicando en primer lugar al peronista Adolfo Rodríguez Saá, seguido por su correligionario Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz, y en tercer lugar la radical disidente Elisa Carrió, de Alternativa para una República de Iguales. Bastante abajo está el ex presidente Carlos Menem (peronista), que insiste en su intención de regresar a la presidencia en 2003.
Si algo faltaba en este panorama, más de 500 suboficiales de policía anunciaron que reclamarán su derecho a sindicalizarse, pero principalmente quieren dejar en claro su derecho a negarse a reprimir protestas, inspirados en el modelo sindical policial de Curaçao (Brasil), que en su primer punto prohíbe a sus agremiados obedecer órdenes de represión contra actividades sociales, políticas o religiosas.
El hombre que encabeza este movimiento es el agente Ricardo Santillán, al que los medios llaman el "policía piquetero", suspendido después de participar uniformado en una manifestación de los piqueteros (desocupados) del empobrecido distrito bonaerense de La Matanza.
El diario Página 12 informó la víspera sobre esta curiosa iniciativa policial. "La idea de que un policía se oponga a la represión suena tan inusual que para muchos debería integrar el terreno no de las utopías, sino ya el de la alucinación. Sin embargo, las 500 firmas están allí", señala la periodista Laura Vales. Y es cierto que esta iniciativa muestra cómo se ha profundizado y extendido el conflicto social en el país, donde todos tienen en sus familias a desocupados.
El pedido de sindicalización en esos términos difiere de algunos otros intentos marcados por una necesidad corporativa de protegerse, más en el estilo mafioso, en un país afectado por los abusos policiales y la impunidad. En el texto del documento que se llevará al Ministerio de Seguridad provincial para solicitar la sindicalización, los policías se definen como trabajadores de la seguridad pública y su solictud está fundada en el reconocimiento que "la Organización Internacional del Trabajo hace de este derecho".
"Desde ese encuadre y al igual que otros tantos sindicatos de policías en otros lugares del mundo, aspiramos a inhibirnos por reglamento de llevar adelante la represión de manifestantes o de acciones que reivindiquen y defiendan derechos humanos civiles, políticos o religiosos", indica el texto. Ya ha sucedido que los policías se solidarizan verbalmente con los desocupados y en un reciente conflicto de la fábrica Lavalán de Avellaneda, recuperada por sus trabajadores en autogestión, los policías dejaron sus armas en el suelo, a pesar de una orden judicial para llevarse 200 toneladas de lana y ante la oposición de vecinos a que se hiciera efectiva.
En tanto, la directiva de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) -una de las tres centrales sindicales del país- estima que las causas que llevaron a la explosión social de diciembre de 2001, que dejó una treintena de muertos, continúan vigentes y más aún, la "represión, el hambre y la entrega se profundizaron a medida que se sucedieron los gobiernos ilegítimos".
La CTA convoca para el próximo 19 de diciembre a la misma hora en que el pueblo comenzó a salir a las calles a realizar protestas pacíficas el año pasado, y llamó a un paro nacional el 20, con cortes de rutas y movilizaciones, "contra el hambre, la entrega, la represión y en exigencia de la caducidad de todos los mandatos y elecciones para todos los cargos electivos el próximo año".
Será también "un homenaje a todos los compañeros asesinados", y cuando se "ha llegado a la actual situación en la que el gobierno busca resolver la crisis con una trampa electoral, mientras que los asesinos del pueblo continúan impunes, cientos de niños mueren por desnutrición y se acrecienta en millones la cantidad de habitantes que son empujados a la pobreza y a la miseria extremas, se considera que tienen más vigencia que nunca las exigencias populares de justicia de diciembre de 2001."
Un dato del oficial Instituto de Estadística y Censo reveló que 60 por ciento de los hogares argentinos no puede cubrir sus necesidades primarias y no alcanza a cubrir la Canasta Básica Total, para una familia promedio, que en noviembre último se ubicó en 717.6 pesos. La encuesta se realizó sobre 28 distritos urbanos del país, mientras unos 15 mil niños en distintas provincias están amenazados por la desnutrición y hay otros miles que pueden estar en la misma situación si la crisis continúa.
