Ejecutivo y Legislativo no aceptan que somos otro poder

AUMENTAR EL NUMERO DE JUECES Y TRIBUNALES, UNA EXIGENCIA SOCIAL

Un mes antes de dejar el cargo, el ministro emplea un tono inusualmente directo para criticar la falta de comprensión sobre el papel y las necesidades del Poder Judicial. Cuestiona asimismo que el Legislativo "no se ocupe" de las reformas propuestas por la Corte para mejorar la impartición de justicia

JESUS ARANDA

A punto de cumplir cuatro años como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Genaro Góngora Pimentel cuestiona al Ejecutivo federal y al Legislativo por "no entender" que el Poder Judicial es otro poder. Dice que la Presidencia de la República tiene que "priorizar" el presupuesto que destinará a educación, a salud, al campo, "pero nosotros no estamos dentro del Poder Ejecutivo, somos un poder diferente. Eso no se entiende", reclama.

Reprocha también a los legisladores que "no se ocupen" de reformas propuestas por la Corte para eficientar la impartición de justicia, luego de insistir en la necesidad de crear más juzgados y tribunales, defiende la labor jurisdiccional: "los problemas que se presentan a los juzgadores no son enchiladas".

Los gobernadores y sus "amigos"

El ministro deja de lado el tono conciliador y se opone abiertamente a la intención de algunos poderes judiciales de los estados de desaparecer el amparo directo, para que así juzgados y tribunales federales dejen de revisar en última instancia sus sentencias. Argumenta que hay gobernadores que insisten en remover juzgadores para poner a "sus amigos" o "gente de confianza", y señala que por ello la SCJN ha otorgado, cuando menos 25 amparos a magistrados a quienes los gobernadores pretendían remover sin justificación legal.

Revela que entre las propuestas de reformas legales que han hecho llegar a los legisladores está la de crear jueces especiales para que resuelvan los casos de crimen organizado. Critica al Legislativo por apoyar la tradicional postura de la Secretaría de Hacienda, que se opone a que los amparos contra leyes tengan efectos generales, en vez de que, como sucede en la actualidad, sólo las grandes empresas que pueden pagar abogados caros se vean beneficiadas por ese recurso.

Afirma que está "muy satisfecho" de sus cuatro años al frente del Poder Judicial de la Federación, pero reitera: "es muy importante aumentar el número de juzgados y tribunales, porque cuando los jueces y magistrados tienen un gran rezago de asuntos las cosas no salen bien, no trabajan contentos, no tienen tiempo para estudiar mejor sus asuntos y eso provoca molestia muy grande en los justiciables".

Recuerda: "cuando llegué a un tribunal colegiado en materia administrativa tenía que resolver nueve problemas de fondo diarios y siete asuntos de suspensión. Era una presión muy grande. Por eso es importante aumentar el número de jueces, de tribunales, para que no exista la presión y se pueda impartir la justicia con mayor galanura, tranquilidad y más estudio. Eso es lo que nos exige la sociedad".

-¿Cuáles son los retos que tiene la Corte? ¿Qué deja pendiente su administración?

-Dejamos pendiente un proyecto de Ley de Amparo en la Cámara de Diputados. Nos hemos encontrado con comentarios de legisladores que han dicho: "los ministros no tienen por qué decirnos cómo vamos a legislar". Nunca hemos pensado decírselo.

"Somos los que aplicamos la Ley de Amparo y hemos presentado un proyecto altamente consensuado con los abogados de la República. Es una proposición para que los legisladores la estudien, nada más.

"Algún diputado me dijo: 'no va a salir el proyecto de la Corte porque quieren desaparecer la fórmula Otero', o sea, el principio de relatividad de las sentencias de amparo, porque desde hace más de cien años, y tratándose de amparos contra leyes, solamente beneficia a quien lo obtiene. Para lograr un amparo contra leyes se necesita contratar abogados muy especializados que cuestan muy caro; solamente las grandes empresas pueden hacerlo.

"Tenemos también el problema de que nos gustaría un presupuesto fijo del gasto programable, para no tener que estar todos los años reuniéndonos y pidiendo para que no nos hagan caso. Las peticiones que hacemos no son sin fundamentar. Queremos 40 órganos judiciales nuevos, explicamos las razones, porque los otros órganos que ya existen tienen una barbaridad de trabajo. Los justiciables pueden esperar, supongo, algún tiempo en asuntos que versan sobre propiedades o problemas familiares, pero cuando los justiciables están en la cárcel, las familias quieren una solución pronta."

-¿Cómo interpretar esas actitudes? No se ha examinado su propuesta de Ley de Amparo, no se han puesto de acuerdo la mayoría de los diputados en torno al presupuesto fijo para el Poder Judicial Federal.

-Además tenemos reformas muy importantes que hemos propuesto a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que están en el Congreso desde el sexenio pasado, y que es el ordenamiento legal que regula nuestro trabajo; tampoco eso se ha movido. ¿Por qué no se ha movido? Porque no es prioritario, eso es lo que pasa.

-¿Prioritario para quién?

-Para los legisladores no es prioritario ocuparse ni de la Ley de Amparo ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

-Quizá no se reconoce al Poder Judicial como otro poder, sino que lo quieren ver como una estructura del Ejecutivo.

-A veces pienso que existe esa idea en algunos legisladores. Afortunadamente espero que no sean muchos.

-¿Ejecutivo y Legislativo dan a la Corte un trato de una dependencia, y no de un poder en materia presupuestal?

-En primer lugar, el presupuesto no se lo entregamos directamente a la Cámara de Diputados. Tenemos que entregarlo a la Secretaría de Hacienda, ahí la independencia ya está en duda, es cierto. Hacienda pasa el presupuesto a la Cámara de Diputados en los términos en que se lo entregamos y los diputados se encargan de recortar el presupuesto conforme a las estimaciones que les da la Secretaría de Hacienda. Eso está en la Constitución. Se me ha dicho: "ministro, antes que tener juzgados y tribunales hay que comer; antes que tener juzgados y tribunales tenemos que tener educación y salud.

"Claro, esas son dependencias, ocupaciones que corresponden al Poder Ejecutivo, y tendrá que priorizarlas, pero nosotros no estamos dentro del Poder Ejecutivo, somos un poder diferente. Eso no se entiende".

-Además de esto, ¿qué falta?

-Una situación más favorable para el trabajo de jueces y magistrados que ven los asuntos de crimen organizado, incluso se plantea la posibilidad de crear jueces especializados en esta materia. El otro reto es buscar la mejor preparación que podamos darles a nuestros jueces y magistrados, para lo cual es indispensable que no estén agobiados de trabajo.

"Otro reto es algo que ya se ha planteado desde 1917. Los tribunales superiores de justicia estatales quieren que se acabe el amparo directo, quieren que ya no lo revisen los tribunales colegiados de circuito, que la decisión que tomen los tribunales de justicia de los estados sea la última. He viajado por toda la República, me he reunido con los magistrados y jueces, con los presidentes de barras y colegios de abogados y no están de acuerdo con esa propuesta. Los abogados quieren tener otra instancia, porque no tienen confianza en las decisiones de los tribunales superiores de justicia, porque creen que no hay la suficiente independencia respecto de los gobiernos locales.

"Eso se debe, en parte, a que cada gobernador que llega, en muchos estados, no en todos, lo primero que hace es cambiar a los jueces y magistrados para nombrar a sus amigos o gente de confianza que lo acompañen durante su sexenio".

-A la gente lo que le preocupa es la justicia local, que es la que la gente ve más cerca. ¿Qué haría falta en el ámbito local?

-Entre otras cosas, la inamovilidad, para que sepan los magistrados de los tribunales superiores que no los van a quitar en seis años, que el próximo gobernador no a va a llegar y a limpiar todo el tribunal. La inamovilidad es algo por lo cual ha luchado la Suprema Corte para proteger a los tribunales superiores locales, y hemos concedido en la Corte más de 25 amparos, para evitar que los gobernadores destituyan a magistrados locales y no los ratifiquen, como es su obligación, cuando se cumplen los requisitos constitucionales.