Emilio Pradilla Cobos
Agua y cuestión metropolitana
El secretario de Desarrollo Metropolitano del estado de México informó en días pasados (La Jornada, 14/11/02) que en 2003 y hasta que se concluya la nueva etapa del Sistema Cutzamala, su gobierno suspenderá al Distrito Federal la entrega de tres metros cúbicos por segundo de agua potable, de los 15 que recibe actualmente. A pesar de su crecimiento demográfico, bajo en tasas pero alto en número, desde hace siete años el DF no recibe agua adicional para atender sus necesidades; este recorte duplicaría su déficit actual, elevándolo a seis metros cúbicos por segundo; es decir, 17.1 por ciento respecto del agua que consume.
No discutiremos aquí las razones aducidas por el funcionario sobre el origen territorial del agua, o la legalidad de la acción del estado de México, las cuales no compartimos. Pero hay que resaltar que esta medida, que enfriará aún más las relaciones entre los dos gobiernos, remite a la discusión sobre la cuestión metropolitana. Las dos partes de la zona metropolitana se asientan sobre la misma cuenca hidráulica del valle de México, cuya reserva de agua ya fue agotada por su crecimiento poblacional y físico, hecho agravado por la urbanización incesante de las áreas de recarga del acuífero y la destrucción de los bosques y áreas naturales por el uso irracional del recurso por parte de los habitantes y por su intensa contaminación. Así, dos terceras partes de la metrópoli, sobre todo la zona oriente -la más pobre-, sufren la escasez de agua potable y su mala calidad.
El problema es común y ameritaría la búsqueda de soluciones concertadas y corresponsables, no medidas unilaterales y conflictivas. Puesto que el gobierno federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, tiene el control y manejo de las fuentes y caudales de agua potable, la solución tiene que incluirlo también. Este es uno de los muchos problemas que enfrenta la gran metrópoli y que son gestionados ineficazmente por las múltiples administraciones que se integran en la zona metropolitana del valle de México (tres entidades federales y 75 gobiernos municipales o delegacionales), sin que la limitada, parcial e inoperante Coordinación Metropolitana existente sea capaz de articularlas. Parece urgente abrir una discusión pública amplia y rigurosa, que supere las diferencias partidarias de los gobernantes y legisladores, sobre la necesidad de crear una forma de gobierno metropolitano, en sus vertientes legislativa y ejecutiva, dotada de empresas públicas metropolitanas y de un fondo de desarrollo con aportes locales, estatales y federales para financiar la inversión y el mantenimiento de la infraestructura y servicios de escala metropolitana, para enfrentar unitariamente la gestión de la zona.
Mientras esta solución de fondo se construye, los gobiernos locales y estatales que administran partes de la metrópoli deberían dar máxima prioridad a la solución concertada de la escasez de agua potable, su desigual distribución y su mala calidad, en lugar de dedicar cuantiosos recursos a construir nuevas vialidades, que lejos de resolver la congestión del tránsito la reproducen a futuro al incentivar el uso del automóvil y desestimular el transporte público, en grave situación de deterioro.
Las posibilidades son múltiples y podrían estar al alcance de las políticas públicas y la acción de los gobiernos: modificación de las tarifas del servicio, haciéndolas más progresivas y socialmente equitativas, para que quienes más consumen o usan el líquido como medio para obtener ganancias paguen lo necesario para recuperar su costo real, y sólo reciban subsidio los sectores de bajos ingresos; racionalizar y reducir el uso del agua por este medio y realizando campañas intensas y eficaces en los medios de comunicación y en el sistema educativo; restructurar la red de distribución para lograr una distribución territorial más equitativa del líquido, para que unas zonas no lo despilfarren mientras otras carecen del servicio o lo reciben en cantidades inferiores a la necesidad real; reparar masivamente y en corto tiempo las fugas en la red; promover y apoyar la generalización del uso de aparatos ahorradores de agua; intensificar la reforestación periférica, y diseñar y aplicar conjuntamente políticas urbanas serias, objetivas, no voluntaristas, de largo plazo, para reducir y revertir la ocupación extensiva y acelerada de las reservas naturales necesarias para la recarga del acuífero.
Los gobiernos incluidos en la metrópoli deberían dejar de lado las políticas e inversiones orientadas a apoyar los negocios de los grandes empresarios nacionales y trasnacionales, casi siempre cubiertas con el ropaje del desarrollo económico y la creación de empleo, a lograr el aplauso de los sectores medios y altos o a capturar votos para las elecciones, y centrar su acción en resolver el problema hidráulico metropolitano, lo cual no da mucha popularidad, pero es vital para la población de todos los estratos sociales, sobre todo de los empobrecidos y excluidos.
