La 19 reunión de la comisión binacional establecida por los gobiernos de México y de Estados Unidos, que se celebró ayer en esta capital, marca una ocasión para reflexionar sobre el balance de la actual orientación en materia de asuntos externos y, en especial, la moda vigente desde hace dos años en el manejo de la relación con el país vecino.

Por principio de cuentas, salta a la vista que los puntos más importantes de la agenda de esas relaciones han cambiado de manera sustancial: a la migración, el narcotráfico y el libre comercio se agregan ahora el terrorismo, el manejo de la frontera y los temas energéticos. También han cambiado las prioridades y la relevancia de tales asuntos.

Esa sola constatación permite señalar que Washington ha logrado imponer a México cuestiones que no le incumben centralmente a nuestro país --como la "guerra contra el terrorismo internacional" emprendida por el gobierno de George W. Bush--, forzar el inicio de negociaciones en asuntos que debieran ser de exclusiva incumbencia de los mexicanos --como la apertura de nuestro sector energético al capital foráneo y a la privatización-- y eludir cualquier compromiso en temas que para México --no necesariamente para sus autoridades-- resultan dolorosos y urgentes, como la requerida regularización migratoria de los connacionales que subsisten en el país vecino en medio de una persecución policiaca y civil feroz, a los cuales se atropella regularmente en su integridad física, en su dignidad y en sus derechos humanos.

En el rubro comercial Washington impuso también, sin ninguna dificultad y sin resistencia ninguna por parte de las autoridades mexicanas, sus propios intereses. El primero de enero del año próximo entrará en vigor la plena apertura del mercado agrícola, la cual significará para nuestro país un desastre económico, humano, ecológico, político y social. En la década transcurrida desde la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, los sucesivos gobiernos mexicanos no sólo no han fortalecido el agro nacional, de cara a ese acontecimiento, sino que han sumido a la gran mayoría de los campesinos en un estado de postración y desamparo desde el cual resulta inimaginable que puedan enfrentar con éxito la competencia inminente de los subsidiados agricultores estadunidenses.

El ingreso irrestricto de productos agrícolas del país vecino al mercado nacional en tales condiciones hacía aconsejable suspender el instrumento comercial, renegociarlo y dar tiempo al agro mexicano a fortalecerse y consolidarse. El no haberlo hecho así tendrá por consecuencia que sólo unas pocas agroindustrias --especialmente las del norte del país-- podrán enfrentar con éxito la apertura, y que los campesinos pobres que aún permanecen vinculados a sus tierras --especialmente los de las zonas centro, sur y sureste de nuestro territorio-- tendrán que buscar nuevas ocupaciones o nuevos lugares de residencia. Sus horizontes serán la migración a las ciudades mexicanas --para engrosar el comercio ambulante, la miseria de los semáforos o la delincuencia en pequeño-- o al país vecino, o bien su incorporación al narcotráfico o a los grupos armados.

Las implicaciones de este fenómeno en inseguridad, alteración demográfica y desquiciamiento social habrían hecho necesario que los funcionarios mexicanos, en atención a las necesidades nacionales, pusieran sobre la mesa la renegociación del capítulo agrícola del TLC. Se limitaron, en cambio, a "pedir", a "sugerir" y a "solicitar" a sus contrapartes estadunidenses que fueran "sensibles" ante la catástrofe que se avecina. La misma actitud adoptaron en el tema del necesario acuerdo migratorio bilateral.

En los encuentros de ayer, en suma, el gobierno de Fox rogó y el gobierno de Bush impuso. Las autoridades nacionales propusieron, y las estadunidenses dispusieron. Los representantes de nuestro país cedieron en todo y no recibieron, a cambio, nada.