Alejandro Nadal

Blindaje agroalimentario: la tentación demagógica

Nadie le dijo a Vicente Fox que su tarea sería fácil. Pero nadie le advirtió que iba a ser tan difícil. Así que cuando la demagogia llama a la puerta, el señor Presidente no desaprovecha la oportunidad. A dos años de asumir la Presidencia, Fox inventa programas inexistentes y los dota de presupuestos ficción.

Hace una semana dio a conocer lo que se ha llamado el blindaje agroalimentario. Se trata de un paquete de acciones de política agroalimentaria para defender a los productores del campo de la eliminación total de aranceles en el marco del TLCAN el año 2003. La total desgravación arancelaria se cruza con el extraordinario aumento en los subsidios agrícolas aprobado recientemente en Estados Unidos al amparo de la U.S. Farm Bill.

Había que enfrentar de alguna manera las protestas de las organizaciones de productores del sector agropecuario en todo el país. Al señor Fox y el gabinete agropecuario, junto con sus expertos en imagen corporativa, se les ocurrió la brillante idea de anunciar un blindaje agroalimentario que destinaría 102 mil millones de pesos al campo. ƑQué es este blindaje?

En realidad no se trata de algo distinto a lo que ya aparece en el presupuesto federal enviado a la Cámara de Diputados hace tres semanas. El blindaje es una simple treta publicitaria alrededor de un ejercicio contable. Se suman los 57 programas de 14 dependencias oficiales y eso es todo. El documento oficial que se ha dado a conocer no ofrece una lista pormenorizada de los programas que están siendo incluidos en este ejercicio contable. Pero la demagogia no está reñida con la imaginación.

De hecho, la misma exposición de motivos del Presupuesto de Egresos para 2003 introduce nuevos conceptos contables que inducen al engaño. El más sobresaliente es el de la inversión social, que incluye "todo el gasto que realiza el Poder Ejecutivo federal que beneficia directamente a las personas". Como el gobierno incluye aquí el gasto en seguridad nacional y en seguridad pública, eso le permite afirmar a cada paso (o en cada viaje) que la inversión social representa más de 90 por ciento del gasto programable. Desde esa perspectiva, hasta los salarios de la burocracia son inversión social. De hecho, es extraño que exista un 10 por ciento del presupuesto que no sea "inversión social".

Pues para el blindaje agroalimentario, la imaginación también da resultados. Se contabiliza el presupuesto de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), que alcanza 14 mil millones de pesos. Ese presupuesto incluye los montos destinados al Procampo, Alianza para el Campo y el programa de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca).

Pero se agregan los subsidios vía una tarifa competitiva para el sector agrícola, con una erogación equivalente a 5 mil 700 millones de pesos. También se incluye el acceso a diesel a precios competitivos para el sector agropecuario, aunque esta medida sólo será anunciada por la Secretaría de Hacienda el mes próximo. Finalmente se mencionan acciones destinadas a permitir la adquisición de fertilizantes, agroquímicos y productos biológicos. Este último rubro es mal presagio: en pleno debate sobre la ley de bioseguridad en el Senado, parece anunciar una pronta desregulación en esta materia para dotarnos de un blindaje transgénico.

Lo más importante es que el nuevo paquete incluye el gasto destinado a los programas asistenciales cercanos al sector agropecuario por más de 46 mil millones de pesos. Esto es algo perverso. Esos programas no están destinados a fortalecer al sector agropecuario, sino a permitir su convivencia con una crisis perenne. Este tipo de acciones no afectan la productividad y no ayudan en la transformación estructural del sector agroalimentario.

La imaginación publicitaria del mandatario contrasta con su profunda ignorancia hasta de los números más importantes. En la ceremonia anunció que México exporta más de lo que importa en el sector agropecuario, olvidando que el déficit de la balanza comercial ha sido crónico desde hace años. Con esa visión, es normal que el secretario de Economía Derbez le haga eco al subsecretario de Agricultura de Estados Unidos, JB Penn, en el sentido de que no se va a renegociar el TLCAN. Esto revela el trasfondo del blindaje: se trata de un paliativo para asegurar la no renegociación del tratado. El primero de enero de 2003 puede representar un hito en la apertura comercial del sector agropecuario. Pero lo cierto es que el arancel cero se aplicó desde el primero de enero de 1994 para el maíz, cultivo que representa más de 60 por ciento de la superficie cultivada en nuestro país. Este monumental acto de corrupción y negligencia, del que son corresponsables el Ejecutivo y el Congreso, no puede ser borrado ni con las mejores campañas publicitarias.