Luis Linares Zapata
El cambio manoseado
El horizonte del cambio, aspiración razonable de millones de mexicanos, ha sido de tal manera manoseado por los encargados de las altas decisiones del país que ya no responde a los propósitos que se llegaron a formular como tarea asequible y bandera del nuevo gobierno. Se predica, es cierto, un cambio de fondo, que permita no sólo la transformación democrática, sino sustente el desarrollo económico y posibilite la mejoría en la calidad de vida de la población. Su concreción pasa entonces y en primera instancia por la vertiente financiera, misma que ha sido, una vez más, desfigurada en el Congreso.
Las iniciativas de ingreso y gasto del Ejecutivo apoyadas por el PAN, así como las posturas anticipadas del PRI en su presupuesto alternativo y lo que acaba de adelantar el PRD elevando la estimación del precio del barril de petróleo de 17 a 18 dólares en promedio y exigiendo a la Secretaría de Hacienda cobrar los 200 mil millones de pesos que se le escapan, sólo anuncian un enredado conjunto de adecuaciones que no salvarán las restricciones presupuestales para el año que entra. La reforma fiscal, que daría sustento real al cambio, quedó para el incierto futuro. Las elecciones de 2003 se le atravesaron en el camino a la voluntad política de los legisladores, autoridades federales, gobernadores y burocracias partidarias. Se da, por lo tanto, fehaciente cuenta de la incapacidad de los poderes establecidos para formular acuerdos que posibiliten dar al cambio el pivote financiero que requiere. Con una hacienda pública acotada no se puede sino tener un presupuesto restrictivo que dará continuidad al estancamiento, ya crónico, del PIB. Las oportunidades de mejoría personal se angostan hasta el pesimismo como actitud generalizada, se engrosarán los rezagos, y los profundos rasgos de injusticia que distinguen a México serán lastre cotidiano.
El clima favorable que pareció abrirse con la aportación que hizo la UNAM en días pasados, al prestarse como espacio para el encuentro partidario, se trastocó con los variados y rijosos enfrentamientos entre el Ejecutivo, la Conago y las fracciones parlamentarias, principalmente la del PRI, que se dice acosada por los gerentes. Todo quedó así en una solicitud para llevar a cabo la Convención Fiscal que, se espera, trille el camino para una hacienda de Estado, tentativa nada despreciable. Pero era necesario caminar mucho más rápido y más allá para no perder 2003. El mismo chance de darle un empujón, quizá el definitivo, a la reforma eléctrica, se antoja que quedará corto en aquellos aspectos que exigen, como supuesto indispensable, recursos públicos adicionales para la autonomía gestionaria de la Comisión Federal de Electricidad y para subsanar los masivos subsidios que ahora se otorgan con cargo a los ingresos de la empresa.
A pesar del dictamen ya formulado por la comisión de puntos constitucionales del Senado, y que puntualiza la intención de los legisladores de sacar tan dilatada reforma, continúan circulando en el ámbito público presiones de diversa índole que complican innecesariamente el proceso aprobatorio final. Aquellos que insisten en abrir la industria eléctrica a las trasnacionales no quitan el dedo del renglón y aducen los mismos argumentos ya gastados: inversiones cuantiosas, aportación tecnológica, eficiencia operativa y honestidad al calce, y todo ello como una petición de principio no sujeta a prueba ni revisión, sino como verdad revelada. Tampoco el Presidente reconoce lo que la confluencia de fuerzas del PRI y el PRD en el Congreso parece haber determinado y machaca la especie de una reforma eléctrica (la de él) que, alega con argumentos más que discutibles, sería palanca indispensable para llegar al 7 por ciento de incremento en el PIB, objetivo-promesa que ya le andaba flaqueando en sus correrías europeas.
Pero la parte más torpe de todo el proceso de la disputa por mantener bajo el dominio nacional o abrir el mercado eléctrico a los capitales externos provino de un lado un tanto inesperado: la administración de justicia. Indiciar a los senadores Bartlett, Roque y Gamboa y a la diputada Paredes en estos cruciales momentos fue un toque por demás irresponsable. No se puede aducir ceguera de la justicia y no atender a las circunstancias particulares de tales personajes, todos comprometidos con una postura opuesta a la oficial en materia de electricidad. Las indagatorias del caso Pemex-STPRM-PRI que tan bien caminaban para bien de la imagen presidencial (su único logro destacable), se mezclan ahora con una tentativa que sugiere extorsión manifiesta. No se ve que tal táctica de la PGR pueda conducir a los priístas a capitular de sus rebeldes posturas, ya adoptadas en repetidas ocasiones, de mantener esa industria bajo control exclusivo del Estado y no hacer los cambios constitucionales que el Ejecutivo, las trasnacionales y el PAN quieren. Muy a pesar de las disidencias internas que han salido a relucir entre legisladores tanto del PRI como del PRD en fechas actuales, la mayoría, se espera, dará de nueva cuenta el respaldo que ya se ha consensuado en la comisión que preside el senador Bartlett.
