Tendrá que examinar "inconsistencias"
de los estatutos
Deberá el IFE definir su postura sobre nepotismo
y anomalías en el PVEM
ALONSO URRUTIA
Emplazado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, el Consejo General del Instituto Federal Electoral
deberá definir hoy su postura sobre la legalidad de los estatutos
del Partido Verde Ecologista de México y la inconsistencia de la
renovación de sus dirigencias nacional y estatales. Un largo litigio
promovido por disidentes ecologistas, que ha involucrado una confrontación
con el organismo electoral, responsable de avalar los estatutos y prácticas
internas del partido, parece encaminarse ahora sí a una pronta resolución.
Los poderes casi plenipotenciarios que han tenido Jorge
González Torres y su heredero, Jorge Emilio González Torres;
el registro de asambleas falsas o sin quórum, el nepotismo que ha
caracterizado al partido desde su origen han sido denunciados ante el máximo
tribunal electoral, para que determine su legalidad.
El punto será el último en debatirse durante
la sesión del Consejo General, que incluye además la formalización
del instructivo para aquellos partidos que pretendan coligarse, total o
parcialmente, de cara a la renovación de la Cámara de Diputados.
La diversidad de posibilidades para hacer coaliciones, y en especial el
"alto costo" que tienen en términos de acceso a los medios de comunicación,
formarán parte central de esta discusión.
El tema de los medios de comunicación y el impacto
creciente que tienen en las campañas abarcará también
la respuesta que el organismo electoral dará al PRD, que se inconformó
contra las tarifas preferenciales otorgadas por televisoras al PRI durante
la campaña de 2000, caso sobre el cual, según el dictamen,
el IFE prácticamente anuncia que no tiene evidencia de que así
haya sido y, en su caso, que tampoco estaba en posibilidades de haber intervenido
en ese entonces ni para los comicios del año entrante.
Las autoridades electorales, "cómplices"
La displicencia con la cual el IFE ha abordado el tema
-"complicidad", según Carlos Macías, dirigente del PVEM disidente-
se corrobora en el más reciente oficio de respuesta enviado por
Fernando Zertuche, con fecha 29 de octubre de 2002, en el que se insiste
en cuestionar la ilegalidad de los estatutos del PVEM: "Sobre el particular,
hago de su conocimiento que el pasado 30 de octubre de 2002 la sala superior
del TEPJF (...) acordó llamar a juicio al Consejo General en virtud
de las facultades de dicho órgano colegiado, con la finalidad de
manifestar sus consideraciones al respecto".
A juicio de los disidentes, las respuestas recurrentes
del IFE conforman una "sospechosa complicidad" con González Torres.
Sin embargo, en la definición del recurso actual que han llevado
al TEPJF hay un precedente importante a su favor, pues este órgano
ordenó la apertura de toda la información de los partidos
a instancias de un recurso interpuesto por la negación de los documentos
que avalaran la legalidad de los estatutos y de la vida interna del PVEM.
