Las leyes de Arizona dejan amplios resquicios a la acción racista de los grupos de rancheros xenófobos que se decidan a cazar ilegales, muchos de los cuales son mexicanos. Pero eso no quiere decir que pueda aceptarse la acción de grupos como Ranch Rescue, Citizen Border Patrol Militia o como los hermanos Barnett. Mucho menos, que lo que es desgraciadamente legal en un estado como Arizona sea legítimo. Además, debe considerarse que Estados Unidos es miembro fundador de las Naciones Unidas y ha firmado la Declaración de los Derechos del Hombre, la cual vale por sobre su legislación nacional. Desconociendo eso, la gobernadora de Arizona minimizó la acción de los racistas diciendo que son una pequeña minoría (también lo es el Ku Klux Klan) y que no violan la ley local y, además, defienden sus propiedades, y criticó a la prensa mexicana por dar excesiva atención a las violaciones de los derechos humanos que cometen los cazadores de ilegales. El hecho de que estos grupos organicen sus reuniones y recluten mediante Internet o la minucia de que violen las convenciones internacionales firmadas por Estados Unidos y los derechos humanos más elementales, no parece conmover a la gobernadora. Esta, por otra parte, no se pregunta por qué millones de personas toman al pie de la letra la teoría que pregona la libre competencia y el ingreso al mejor mercado (en este caso, el de la mano de obra) y arriesgan la vida al cruzar la frontera enfrentando en cambio el comportamiento brutal de los rancheros racistas y de la Border Patrol.

Para las autoridades de Estados Unidos no hay, evidentemente, ningún nexo entre los subsidios a los productos agrícolas estadunidenses que sacan del mercado a los mexicanos y llevan a la ruina a los campesinos del sur y la migración que la crisis de los precios y las empresas trasnacionales oligopólicas estimulan potentemente. El gobierno de Estados Unidos incluso se ha opuesto a renegociar los aspectos agrícolas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En lo que respecta al problema de las subvenciones a los productos agrícolas, que violan los principios que Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional intentan imponer a otros, el gobierno de Washington hace oídos sordos a las protestas reiteradas, la última de las cuales proviene de la Cumbre Iberoamericana recientemente clausurada. Y aunque es necesario un acuerdo sobre migración y el reconocimiento legal de los inmigrantes hoy fuera de la ley, la negativa de Washington a solucionar estos problemas sólo fomenta el racismo, tal como lo hace también el chovinismo que fomenta todos los días con su propaganda xenófoba destinada a crear un ambiente favorable a la guerra. Las mismas justificaciones de la gobernadora representan un apoyo indirecto a los delincuentes tolerados.

En efecto, si en Arizona las leyes dejan espacio a las acciones y organizaciones racistas, que la gobernadora proponga un cambio radical de dichas leyes y de la educación en ese estado, en vez de preocuparse por la protesta de las víctimas. Si la imagen de su estado y de su país es mala y desagradable, que no se enoje contra el espejo sino que cambie la realidad que éste refleja.