Señora directora: Cualquier sentencia dictada por el Tribunal Militar a los generales Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro hubiera sido ilegal de origen, pues el juicio tuvo lugar cuando, en estricto apego a derecho, la autoridad judicial militar debió declararse incompetente. No hay mucho que abundar: las conductas posiblemente delictivas cometidas por aquéllos fueron perpetradas en funciones civiles.

Pero el nudo de la estratagema reside ahí, ya que nuestra Constitución, artículo 23, claramente establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. De suerte que la palabra del consejo de guerra necesariamente será la última.

Por eso, ahora que se avecina el juicio por los delitos cometidos en la llamada guerra sucia, la sociedad debería alzar la voz para demandar que se surta la competencia de los tribunales federales en materia penal, pero civiles. El daño causado, que quede claro, ha sido en primer lugar a la sociedad, antes que a la disciplina militar. ¿Será capaz la Procuraduría General de la República de asumir su papel de representante social, a pesar de estar en manos militares? Veremos.

Alberto del Río Azuara

Piden modificar proyecto de ley de residuos

Señora directora: Por ser de interés general, le solicito publicar la siguiente carta, que fue dirigida al senador Jorge Rubén Nordhausen González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Las organizaciones firmantes hicimos algunos comentarios al senador sobre el proyecto de Ley General de Residuos que presentó el pasado 1º de octubre.

Primeramente, lo felicitamos por su interés en el tema de los residuos. Sin embargo, después de leer cuidadosamente su propuesta, concluimos que si bien tiene aciertos, como promover la separación de los desechos, también tiene planteamientos que lejos de resolver el problema del manejo de residuos lo agravan.

Son tres los planteamientos que nos preocupan: "fomentar el tratamiento térmico"; cambiar el concepto de "residuos peligrosos" por el de "residuos de manejo controlado" y "reconocer el valor económico de los residuos, es decir verlos como materia prima que es posible reincorporar al ciclo económico".

El tratamiento térmico comprende diversas tecnologías, entre ellas la incineración, también llamada "reciclaje ener- gético" o "coprocesamiento". La incineración de residuos es una tecnología rechazada a escala internacional, que genera dioxinas y furanos, subproductos cancerígenos, persistentes, bioacumulables, tóxicos y volátiles, además de que afecta la glándula tiroides y los sistemas inmunológico y endócrino. Las organizaciones firmantes consideramos que esta iniciativa debe plantear una clara prohibición a la incineración, de ninguna manera promoverla.

Cambiar el concepto de residuos peligrosos por el de residuos de manejo controlado es inadecuado, pues la palabra "peligrosos" tiene una connotación exacta que refleja el impacto o daño que estos compuestos ocasionan al ambiente y la salud, mientras que el de "manejo controlado" lo soslaya o pretende encubrirlo.

Finalmente, la pretensión de ver los residuos como parte del ciclo económico generalmente se traduce en "coprocesamiento" o "reciclaje energético", proceso en el que los residuos se utilizan como combustible, que no es otra cosa que incineración. Es grave que se pretenda disfrazarlo con maquillaje verde y, más aún, que con pretexto de convertir los residuos en negocio ("reinsertan" en el ciclo económico) se deje de lado su peligrosidad y sus efectos en el ambiente y la salud.

Por estas razones, que tendremos mucho gusto en profundizar si lo requiere; le solicitamos modificar estos rubros, a fin de que en la dictaminación de su iniciativa y de la otra presentada ?la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos? sean contempladas para la propuesta final.

Otro punto que le sugerimos tomar en cuenta es que México acaba de ratificar el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos y Persistentes, mismo que tiene como objetivo principal eliminar dioxinas y furanos, así como sus fuentes, entre ellas la incineración. Confiamos en que su preocupación por el tema del manejo de los residuos lo llevará a tomar en cuenta nuestras observaciones.

Greenpeace, Ayotl, Red de Comunicación de Morelos, Academia Mexicana de Derecho Ambiental, Fronteras Comunes, Centro Ecológico Akumal, Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales, Centro de Derecho Ambiental e Integración Económica del Sur, Luna Nueva, Amatlalli Morelos, Asociación de Protección al Medio Ambiente y la Tortuga Marina de Los Cabos, entre otros

Precisiones a carta sobre multa por uso de inmueble

Señora directora: Me permito hacer las siguientes precisiones a la carta del C. Héctor Carlin Torres, publicada el 29 de octubre del presente en El Correo Ilustrado, relativa a la multa impuesta al inmueble ubicado en la calle de Viena 64, casa 1, colonia Del Carmen, Coyoacán.

Con fecha de 20 de julio de 2001 se emitió la orden de visita de verificación extraordinaria No. SVR/232/01, levantándose el acta correspondiente el 23 de julio de 2001, en la cual se detectó que se trata de un inmueble al que se le da un uso mixto de casa habitación y bodega.

El 11 de diciembre de 2001 se dictó resolución en el procedimiento antes citado, en cuyo primer punto se determinó amonestar al señor Héctor Carlin Torres, titular del giro del inmueble, para que se abstuviera de seguir utilizándolo como bodega. Se le apercibió para que en el caso de no cumplir con lo ordenado por esta autoridad se haría acreedor a las sanciones establecidas por la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal.

Se emitió una nueva orden de visita con fecha de 31 de julio de 2002, a la que se le asignó el número SVR-08902, levantándose la correspondiente acta con fecha de 1º de agosto, en la que la verificadora asentó, entre otras cosas, "que se trataba de una casa habitación de dos niveles, en la cual se observó en el primero un área de guardado de aproximadamente 36 metros cuadrados, con cajas apiladas de productos en promoción que dicen muestra gratis, bolsas con gorras, batas, playeras, pareos o faldas, y en el segundo nivel, de aproximadamente 18 metros cuadrados, se localizaron cajas con muestras de shampoo de marca reconocida, no comerciables..."

El señor Héctor Carlin Torres presentó escrito de oposición al procedimiento de vista en el cual aceptó el contenido del acta y solicitó un plazo para realizar los trámites para amparar el legal funcionamiento del giro.

El 22 de agosto del presente año se dictó resolución en el procedimiento, determinando imponer al titular del establecimiento mercantil una multa de 351 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalente a 14 mil 749.65 pesos. Cabe señalar que no se ordenó la clausura prevista por la ley en materia, ya que se le da uso mixto al inmueble de casa habitación y establecimiento mercantil.

Inconforme con la resolución anterior, el señor Carlin promovió un recurso de inconformidad ante la jefa delegacional para impugnar la resolución del 22 de agosto. El 30 de octubre pasado se llevó a cabo la audiencia de admisión y deshahogo de pruebas, sin que com- parececiera el recurrente o representante legal, por lo que se turnó el expediente para dictar la resolución.

Luis Lavalle Tommasi, coordinador de Comunicación Social de la delegación Coyoacán

Frente cívico agradece apoyo a defensa del ex Casino de la Selva

Estimada Carmen: Quisiéramos que se publique esta carta del Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva en la sección El Correo Ilustrado, dirigida al Colegio de Investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM; a su directora, la doctora María Teresa Uriarte Castañeda y al doctor Renato González Mello.

Los integrantes del Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva, en Cuernavaca, Morelos, leímos con agrado la carta que ustedes dirigieron al gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, publicada el pasado 1º de noviembre en el diario La Jornada.

Muy oportunamente, señalan que nuestro movimiento fue desde sus inicios una coalición de ciudadanos decididos a defender nuestro patrimonio.

En este sentido, esperamos que el señor gobernador oiga su exhortación y tome medidas para que cesen los hostigamientos de los cuales somos objeto.

Coincidimos con su protesta contra la destrucción indiscriminada de un patrimonio artístico y del medio ambiente invaluable, el deterioro de nuestra memoria pública y la reducción de las alternativas políticas y económicas de nuestro estado.

Hay una palabra precisa para definir una catástrofe provocada y tolerada por funcionarios públicos. Esta palabra es prevaricato. Frente a este prevaricato, ustedes recuerdan juiciosamente que la protección del patrimonio cultural, ecológico y urbano es una actividad ciudadana legítima y que quienes la llevamos a cabo debemos ser apoyados y no golpeados y encarcelados como ha sucedido.

Comisión Coordinadora del Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva, Alicia Dorantes, Jean Robert, Pietro Ameglio, Ignacio Suárez Huape, Flora Guerrero y Filiberto Bucio