La comisión se integró de manera inequitativa, dice
Comparece hoy Espino Arévalo ante legisladores que analizan su desafuero
LAURA GOMEZ FLORES
El líder del Sindicato Metropolitano del Sistema de Transporte Colectivo, Fernando Espino Arévalo, presentará hoy a la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados sus argumentos en torno al juicio de procedencia que se le sigue, entre los que mencionó su desacuerdo por la conformación de este órgano y defendió el derecho de asociación y huelga cuando existe una violación a las condiciones generales de trabajo.
Señaló que el pasado 8 de agosto, por acuerdo del consejo de delegados se determinó el paro en las líneas B y 9 del Metro, para forzar al gobierno capitalino a cumplir "nuestro pliego petitorio y garantizar la seguridad de los usuarios, pero si la comisión, tras un análisis de las pruebas presentadas por ambas partes me desafuera para que responda a la demanda penal que se interpuso en mi contra, enfrentaré una defensa legal para no perder mi libertad".
Confió en que dicha situación no prosperará, y apuntó que la conformación de la comisión es inequitativa, al contar con dos perredistas, dos panistas y un priísta. Reiteró que durante el paro se ejerció un derecho constitucional establecido en los artículos 9 y 123, de libre asociación y huelga. Argumentó que "se mezclaron" sus acciones personales con las sindicales, para desvirtuar el movimiento, que finalmente fue calificado como "toma y daño de instalaciones, lo cual nunca sucedió".
Sostuvo que las pruebas presentadas por las autoridades, basadas en las declaraciones de un vigilante de la línea 9, "se caen por su propio peso, porque en todo momento permanecí en la estación Ciudad Azteca. El paro se realizó en el estado de México, donde no tiene ninguna competencia la procuraduría capitalina".
La Comisión Instructora tiene 60 días para elaborar su dictamen, con base en las declaraciones de ambas partes y las aclaraciones a que haya lugar, que entregaría a una comisión jurisdiccional conformada por siete diputados priístas, seis panistas, dos perredistas y un pevemista, que resolvería, en última instancia, si hay elementos para el desafuero, y sólo en caso de no ponerse de acuerdo se votaría en el pleno.
