Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Jueves 24 de octubre de 2002
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Capital

Deben aplicar medidas de seguridad en sucursales y desistirse del amparo, coinciden

Exigen gobierno y diputados que los banqueros acaten el fallo de la Corte

Acto de justicia y triunfo de la razón: López Obrador Subsiste el derecho de impugnar: PGR

A la par del beneplácito que mostraron por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró constitucional la Ley de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, que obliga a los bancos a adoptar normas de seguridad establecidas por la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador; el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard; diputados locales, la dirigencia del PRD capitalino y el delegado de Gustavo A. Madero, Joel Ortega, exhortaron a los banqueros a cumplir con dichas disposiciones en lugar de persistir en los juicios de amparo.

El fallo de la Corte fue un acto de justicia y un triunfo de la razón y el derecho, consideró López Obrador, quien resaltó que los ministros dejaron "en alto" y "salvaron" a las instituciones, luego de que inadecuadamente la Procuraduría General de la República (PGR) salió en defensa de los banqueros.

Si antes las resoluciones siempre eran a favor de Los Pinos, dijo, ahora "estamos viviendo tiempos nuevos", en que los poderes actúan con independencia. "Ahora la Suprema Corte pone a cada quien en su sitio". Resaltó que también se determinó que el gobierno capitalino tiene facultades para legislar en materia de seguridad pública.

La PGR, a su vez, rechazó que con la acción de inconstitucionalidad que promovió ante la Corte haya pretendido favorecer intereses particulares. Se trataba "de algo muy superior a ello, como es la preservación del orden constitucional para impedir que impunemente se violen las competencias que la Constitución federal establece", y rechazó haberse pronunciado sobre quién debería cubrir los costos de la seguridad bancaria.

Mediante un comunicado de prensa, la PGR admitió que los ordenamientos decretados por la ALDF continúan en vigor, pero advirtió que "también subsiste el derecho de los particulares, incluidas las instituciones bancarias, para impugnar mediante el juicio de amparo, a fin de que se resuelva individualmente cada caso".

Ante ello, López Obrador dijo que si los bancos buscan ampararse argumentando irregularidades en los procedimientos de verificación y clausura que lleven a cabo las delegaciones, "aplicaremos un plan para que los procedimientos se realicen en el marco de la legalidad".

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, consideró que el fallo de la SCJN debe ser tomado en cuenta por los jueces que tienen a su cargo la resolución de amparos pendientes contra la Ley de Establecimientos Mercantiles, solicitados por casi todos los bancos que operan en la capital.

El funcionario llamó a los banqueros a acatar la resolución judicial, y advirtió que cualquier dilación para aplicar dicha ley será una irresponsabilidad de su parte; en cambio, cumplir con la norma abatiría de manera drástica los asaltos a cuentahabientes y a sucursales en la ciudad de México.

"Ya perdieron el caso. No tiene objeto que sigan prolongando esto, porque sería un falta de solidaridad social... Ellos han ganado muchos otros casos y les ha ido muy bien en el país; entonces, deben demostrar responsabilidad social... Les demando que ya no pongan más en riesgo la seguridad de sus cuentahabientes", expresó Ebrard.

También en la ALDF el fallo fue calificado como positivo. La presidenta de la Comisión de Gobierno, Patricia Garduño Morales, señaló que la SCJN confirmó las facultades que tiene el órgano legislativo local para emitir leyes en materia de seguridad bancaria.

La Corte reconoció la facultad del jefe de Gobierno para "meter en cintura a los banqueros rebeldes que se niegan a cumplir con la Ley de Establecimientos Mercantiles", dijo por su parte el presidente del PRD capitalino, Víctor Hugo Círigo, quien criticó que los banqueros no quieran pagar cien millones de pesos en seguridad, cuando los mexicanos erogan más de 60 mil millones de pesos en impuestos, para el Fobaproa.

En tanto, los diputados Alicia Téllez (PRI), Arnold Ricalde (PVEM) y Miguel Angel Toscano (PAN) pidieron a los banqueros aplicar medidas de seguridad en lugar de recurrir a amparos.

En igual sentido se expresó Joel Ortega, jefe delegacional de Gustavo A. Madero, quien indicó que "lo más sano" sería que los bancos se desistieran de los juicios de amparo y canalizaran sus recursos a la contratación de vigilancia y los seguros de responsabilidad civil para el pago de daños a usuarios y empleados en caso de siniestros, entre otras medidas. SUSANA GONZALEZ G., ELIA BALTAZAR, GUSTAVO CASTILLO, GABRIELA ROMERO, RAUL LLANOS Y LAURA GOMEZ

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