Profepa empezará querella para obligarla a llevarse contenedores con sustancias cancerígenas

Desacata LFC orden de retirar askareles de Veracruz

ANGELICA ENCISO L.

Luz y Fuerza del Centro (LFC) no ha acatado la disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de retirar los nueve contenedores con askareles -sustancias cancerígenas- del puerto de Veracruz, por lo que el organismo podría establecer una querella penal en los próximos días.

La Profepa dio como plazo la semana pasada para que las paraestatales Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y LFC retiraran los 23 contenedores con alrededor de 500 toneladas de askareles de los patios fiscales de los puertos de Altamira, Tampico y Veracruz, que están ahí desde noviembre de 2001.

Hasta el momento, sólo la CFE ha cumplido con el requerimiento, ya que el pasado fin de semana sacó los contenedores que estaban en los puertos de Altamira y Tampico y los llevó a sus instalaciones de Nuevo León. Se prevé que ahí permanecerán por unos tres meses, hasta que se defina qué empresa se encargará de su exportación para que sean incinerados en Holanda o Francia, únicas naciones donde hay tecnología para tal proceso.

De acuerdo con información de la Profepa, Pemex estaría por cumplir en estos días con la solicitud mencionada, por lo que sólo Luz y Fuerza del Centro no ha respondido al requerimiento del organismo ambiental de que retire de Veracruz sus nueve contenedores.

Los askareles permanecen abandonados en los puertos debido a que se detuvo el proceso de exportación que llevaría a cabo la empresa Ecolab, luego de que se encontró falsificación en la documentación, que los permisos estaban vencidos y que estaba previsto hacer la exportación a España, donde no hay infraestructura para ser eliminados.

A partir de esto, la Procuraduría General de la República (PGR) comenzó un proceso penal y la Profepa dio un ultimátum para que las paraestatales retiraran los residuos peligrosos que se dejaron de utilizar en México desde hace por los menos dos décadas, por sus efectos cancerígenos.

El titular de la Profepa, José Campillo García, dijo a este diario que si las paraestatales no retiran sus residuos peligrosos, este organismo establecerá una querella penal, y que un delito ecológico como éste tiene una penalidad de hasta ocho años de prisión.

En este momento hay un proceso judicial en contra de Ecolab y la agencia aduanal por el mal manejo de los residuos peligrosos, y se espera que la PGR dicte las órdenes de aprehensión correspondientes.