Fueron enviadas por la Comisión de Derechos Humanos local: subprocuradora

La PGJDF ha recibido este año 32 quejas por torturas presuntamente cometidas por agentes

En 10 casos se resolvió que "no hubo tal violación" y los 22 restantes son investigados

ANGEL BOLAÑOS

La subprocuradora jurídica y de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Margarita Espino del Castillo Barrón, informó que la dependencia ha recibido en lo que va del año 32 quejas de la Comisión de Derechos Humanos capitalina sobre torturas presuntamente cometidas por agentes de la Policía Judicial.

Si embargo, en 10 casos se resolvió que no hubo tal violación de garantías, aunque sí "maltratos durante las detenciones". Las restantes 22 quejas están en proceso de investigación. Por lo que hace a las tres recomendaciones emitidas por el ombudsman durante 2002, todas fueron aceptadas parcialmente.

En los casos de las quejas y una recomendación por tortura, la funcionaria aseguró que la dependencia está "muy sensible y, no obstante que no hay registros de maltratos después de que una persona es detenida, la procuraduría está completamente de acuerdo con la CDHDF en erradicar ese tipo de conductas".

En el caso de una recomendación por la presunta desaparición forzada de un comerciante de autopartes de la colonia Doctores, a manos de agentes de la PJDF, explicó que la dependencia aceptó que era "un secuestro agravado cometido por servidores públicos". Respecto de la recomendación que se refiere a un caso de tortura cometida por agentes de la PJDF, Espino del Castillo señaló que no se aceptó la reparación del daño de manera automática, pues si bien se accedió a investigar los hechos denunciados, no se puede realizar la indemnización mientras no se determine la responsabilidad de los autores del delito.

Por lo que hace a la recomendación por la dilación en la investigación relacionada con el linchamiento de un individuo que se introdujo a robar en la iglesia de Magdalena Petatlalco, en la delegación Tlalpan, la subprocuradora señaló que la ley establece que cuando no se puede determinar la responsabilidad de manera individual en las personas que hayan participado en el homicidio, tiene que aplicarse la misma pena y en este caso se trata de alrededor de mil 500 personas a las que "tendríamos que meter a la cárcel".