PEMEXGATE

Prevé grupo intersecretarial que se podrían presentar faltas masivas en áreas clave

Presión de EU y retrasos en producción de crudo, entre las posibles consecuencias del conflicto

Reconocen que la controversia político-penal ha desgastado al gobierno y que las movilizaciones de electricistas y petroleros generan simpatía entre la sociedad

RENATO DAVALOS

La controversia político-penal contra líderes petroleros implicados en el Pemexgate podría derivar en presiones internas, como paros escalonados, retrasos en los tiempos de producción y procesamiento o inasistencias laborales masivas en áreas clave. Además, la efervescencia en el sector energético generaría inquietud en Estados Unidos, en la lógica de que México es uno de los principales proveedores de su reserva estratégica de crudo, ante la posibilidad de una acción armada de ese país contra Irak.

Podrían generarse presiones de Estados Unidos para garantizar el suministro, más allá de los niveles de los precios, se concluyó en la reunión intersecretarial del Grupo de Coordinación para las Instalaciones Estratégicas (GCIE), que incluye a las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina, Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Seguridad Pública y las empresas públicas involucradas.

El grupo, coordinado por el subsecretario de la Defensa, Faustino Ruiz Taviel, y de Seguridad Pública, Julio Fernández Teherán, estableció también que la controversia se ha traducido en un "proceso de desgaste" del gobierno. Además, el conflicto podría ser promotor de criterios que permitan la futura creación de otras organizaciones gremiales que afectarían las estructuras tradicionales que benefician a los empresarios.

Igualmente, señaló que la "posición nacionalista" del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) genera simpatías entre la opinión pública, ante las perspectivas de reforma o restructuración que parecen "poco claras" en cuanto a los beneficios que proporcionarían a la población.

Incluso, en un breve repaso de marchas y mítines realizadas por los trabajadores petroleros -en días recientes- de las 36 secciones del sindicato, se refiere que participaron aproximadamente 45 mil personas, encabezadas por sus respectivos secretarios seccionales. Hace apenas unos días la Secretaría de Gobernación aseguró que sólo habían intervenido 15 mil empleados en éstas.

Tras hacer un repaso de la situación en organismos clave -Pemex, CFE, Comisión Nacional del Agua, Luz y Fuerza, redes de caminos y puentes federales, aeroportuaria, portuaria, ferroviaria, servicio postal, telecomunicaciones, Telmex, Metro y Central de Abasto, entre otros-, se hicieron una serie de prospectivas sobre fechas fundamentales.

El informe revela que el próximo día 27 es estratégico por la capacidad de movilización y fuerza que "podría desplegar el SME", con miras a articularse con otros grupos y constituirse en una organización de "futuras acciones de gran magnitud", ante la conclusión de negociaciones del sindicato con Pemex y la amplia movilización indígena prevista para el 12 de octubre.

El documento admite la capacidad, estructura económica y política de los sindicatos como "factores reales de poder", con capacidad para enfrentar las acciones gubernamentales, jurídicas, políticas o técnicas, ubicándolas en un contexto de confrontación en aras de mantener cotos de poder y beneficios.

La complejidad energética, añade, obliga a la revisión de los esquemas particulares de seguridad de cada uno de los sectores y empresas, pues la beligerancia de los sindicatos, aunque se han mantenido en un plano discursivo y de movilización con fines reivindicatorios, la expectativa de aumento salarial los impulsa al "endurecimiento de su posición", a lo que se ha sumado el caso de la controversia sobre los dirigentes petroleros.

En este esquema se precisa la atención especial bajo un "programa de coordinación" entre las dependencias y sectores en áreas críticas como la sonda de Campeche y la zona de nueva explotación limítrofe con Estados Unidos.

Por lo que se refiere al conflicto de las tarifas eléctricas, el informe indica que el contexto social de esta problemática es un factor que contribuye a la generación de una amplia convergencia de intereses con los gremios de las paraestatales.

Las acciones de protesta, particularmente en el norte -continúa-, intentan incidir en instalaciones de servicios que son fundamentales para el tránsito de bienes y personas en la zona.

Se trata de afectar intereses gubernamentales, sin medir impactos internacionales, buscando "medidas duras de la autoridad", como desalojos violentos que conciten el repudio de la opinión pública y la articulación de sectores para crear un frente amplio.