Ayer, mientras los grandes consorcios mediáticos imponían al mundo el tema único de la conmemoración de los atentados del 11 de septiembre del año pasado en Nueva York y Washington, en las calles de Santiago de Chile miles de ciudadanos recordaron la tragedia que se abatió sobre su país y sobre el mundo civilizado en esa misma fecha, pero 29 años antes, cuando el general Augusto Pinochet Ugarte, por entonces ministro de Defensa, se alzó en armas contra el gobierno constitucional y democrático de Salvador Allende, ordenó el bombardeo aéreo del Palacio de La Moneda -sede del Poder Ejecutivo- y se inició una persecución implacable contra políticos de todos los partidos y tendencias, luchadores sociales, estudiantes, religiosos, artistas y profesionistas.

En los 16 años siguientes, la dictadura militar chilena mantuvo en la ilegalidad los partidos políticos y prescindió de las instituciones legislativas y judiciales de la democracia; torturó, exilió, asesinó y desapareció a miles de ciudadanos y se coordinó con otras tiranías castrenses de la región para exportar la represión. Mediante el llamado Plan Cóndor, los dictadores de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, se intercambiaron opositores cautivos lo mismo que datos de inteligencia y llevaron la persecución política a niveles hasta entonces inimaginables de eficiencia trasnacional.

En ese mismo periodo, la dictadura chilena fue pionera en la aplicación de las políticas monetaristas de Milton Friedman y de las recetas privatizadoras de Friedrich Hayek y Walter Lipman, e instauró un modelo económico que posteriormente habría de ser adoptado por los gobiernos de Margaret Thatcher, en Gran Bretaña, y de Ronald Reagan, en Estados Unidos; que se denominó, con mayor o menor precisión, neoliberalismo, y que en la década pasada fue implantado en sus respectivos países por Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, Carlos Menem y Alberto Fujimori, entre otros personajes memorables en el museo de los horrores políticos de América Latina.

No debe dejarse de lado que el gran inspirador, patrón, protector y asesor de Pinochet y sus secuaces chilenos fue el gobierno de Estados Unidos -que por entonces estaba en manos de Richard Nixon y Henry Kissinger- y que las principales instituciones políticas y militares de Washington, como la CIA, el Pentágono y el Departamento de Estado, desempeñaron un papel preponderante en esa conspiración mayúscula contra el pueblo y el gobierno de Chile.

Ahora que el presidente George W. Bush vocifera contra el "terrorismo internacional", es pertinente recordar que el padre del actual mandatario estadunidense era, por ese tiempo, representante ante la Organización de las Naciones Unidas del gobierno que diseñó el terrorismo de los golpistas chilenos; en momentos en que la Casa Blanca mantiene una cacería mundial contra los fantasmales autores intelectuales de los atentados del año pasado contra el World Trade Center y el Pentágono, no es ocioso puntualizar que la CIA que dirigió Bush padre entre los años 1976 y 1977 se involucró en acciones de corte incuestionablemente terrorista, como el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier y de su secretaria Ronnie Moffit, en Washington, y la colocación de una bomba en un avión comercial de Cubana de Aviación.

Vaya pues, en memoria de los miles de chilenos asesinados y agraviados por la dictadura de Augusto Pinochet, el siguiente recordatorio: a diferencia del inencontrable Osama Bin Laden y de su agrupación Al Qaeda, señalados por Estados Unidos como responsables de los atentados de hace un año en Washington y Nueva York, los terroristas del 11 de septiembre de 1973 eran miembros del Partido Republicano y despachaban en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, en el Pentágono, en la CIA y en el Capitolio, y muchos de ellos aún están vivos.